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Autor: Pablo Guarda Velasco

Esquema fraudulento se basa en robo de madera y su compraventa, con uso de facturas falsas, para obtener devoluciones de IVA. Servicio ha presentado 10 querellas por un perjuicio fiscal superior a los $ 3.000 millones y ya hay personas condenadas.

SII apunta a millonario fraude tributario en compraventa de madera en Biobío

Fuente: SII.

El robo de madera es un delito que en los últimos años ha provocado graves tensiones sociales en las regiones forestales del país -asociados a conflictos con comunidades mapuche-, situación que recrudece en la VIII Región del Biobío, donde el negocio maderero alcanza su máxima expresión. Esto, considerando que desde este territorio se exporta en torno al 60% del total nacional, en una industria que acumuló ventas al exterior por US$ 5.271 millones en 2016.

Pero el robo físico del producto no es el único delito que se ha venido gestando en la zona, ya que una arista tributaria que persigue el Servicio de Impuestos Internos (SII) suma -a la fecha- montos defraudados que superan los $ 3.000 millones (US$ 4,47 millones), perjuicio fiscal que se calcula de las 10 querellas que han sido presentadas hasta ahora. A modo de comparación, los más de 60 querellados por el caso SQM generaron un perjuicio similar al alcanzado en esta causa.

La investigación del SII en la zona comenzó en mayo de 2013, cuando en la pequeña Plaza de Armas de Lebu, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un individuo que comercializaba facturas falsas, principalmente a contribuyentes con el giro de comercialización de madera.

Este hecho desencadenó una serie de fiscalizaciones y auditorías a empresas y proveedores de la zona, bajo el Plan Especial de Fiscalización diseñado por el Servicio e implementado a partir de entonces. A este respecto, el director del SII, Fernando Barraza, manifestó que “hemos desarrollado una acción muy intensa en estos casos, recopilando y analizando rigurosamente los antecedentes disponibles, siguiendo paso a paso la trazabilidad. Es decir, el origen y la cadena de comercialización de la madera”.

El entramado

La trazabilidad de la madera (o de cualquier otro bien) es el hilo conductor que permite a los fiscalizadores revisar si efectivamente se concretó una compra de manera legal, o si esta es ficticia, existiendo solamente en el papel. Para determinar esto, los fiscalizadores tuvieron que bajar literalmente a terreno, utilizando las guías de despacho de las facturas emitidas, lo que a su vez permitió dar con el rol de avalúo del predio de origen de la madera. Así es como surgió la hipótesis del comercio ilegal del producto, ya que el Servicio encontró predios que derechamente no eran agrícolas, o que no fueron efectivamente explotados por el volumen señalado en las facturas, entre otros.

De esta manera, el ente recaudador dio con Henry Vigueras Sáez, empresario maderero condenado (junto a su contador) por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, tras la presentación de una querella del Servicio y persecución del Ministerio Público, en base al artículo 97, número 4, inciso 2° del Código Tributario, que se refiere al aumento doloso del Crédito Fiscal de IVA. De acuerdo a Cristián Vargas, ex subdirector jurídico del SII y actual director Tax&Legal de BDO, “esta es una figura bastante común, donde se simulan operaciones; o que, siendo reales, se aumentan indebidamente los montos. A veces se compran facturas, haciendo parecer contablemente que hicieron una adquisición y soportaron IVA, con lo que aumentan el crédito fiscal para descontar el pago de impuestos”.

A los colaboradores de Vigueras, en tanto, se les condenó por facilitación de instrumentos tributarios falsos, que en este caso correspondían a 34 facturas ideológicamente falsas emitidas entre 2011 y 2014, que generaron un perjuicio fiscal superior a los $1.000 millones (ver infografía).

Devoluciones

Con todo, la principal figura delictual que se persigue es el abultamiento del crédito fiscal con cargo a un supuesto pago del IVA, pero con la variante de ser usados por empresas exportadoras para solicitar devoluciones de impuesto al Fisco (artículo 97, número 4, inciso 3° del Código Tributario). Esto, en base al Decreto Ley Nº 825 de 1974, que busca incentivar al sector que vende al exterior, permitiendo descontar el pago del IVA sobre bienes y servicios comprados para realizar la actividad. Según explicó Vargas, “ese precisamente es el delito más grave, que simula la operación tributaria, obteniendo devoluciones de impuestos que no le corresponden. La pena va desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio. Puede ser hasta 15 años”.

De hecho, el caso de Vigueras permitió ir desenredando un entramado que podría seguir escalando en orden de relevancia -pudiendo superar varias veces el monto del actual perjuicio fiscal- ya que, según el propio condenado, el comprador final se ubicaba un par de eslabones más arriba en la cadena. Según expresó la propia defensa del entonces acusado en el alegato de apertura, “(Vigueras) históricamente ha hecho negocios con las comunidades indígenas de manera lícita, lo que no es fácil y es el origen de sus problemas. Al final de la cadena está Forestal Volterra, que fue el comprador final, el que como exportador ha obtenido devolución del IVA procedente de las misma operaciones (…) la investigación fue parcial e incompleta, cuestionándose porque no se investigó a Forestal Volterra”.

Consultado, el SII indicó que existe una fiscalización en curso respecto de la empresa exportadora, que en 2016 alcanzó ventas por US$ 44,5 millones (siendo la 12ª más importante del país), con un crecimiento de 41% frente a 2015. Cabe destacar que Volterra S.A. obtuvo el certificado del SII que otorga “la calidad de Agente Retenedor del Impuesto al Valor Agregado por las compras de madera que efectúe”, es decir, es esta la que paga el IVA de las operaciones, no los proveedores, como es la norma usual. Este punto no es menor, ya que según Vargas, “efectivamente, si es el sujeto comprador el que realiza el fraude, sería más fácil aumentar su crédito fiscal IVA. En este caso emitiría facturas de terceros, que podrían provenir de operaciones inexistentes”.

(Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/sii-apunta-millonario-fraude-tributario-compraventa-madera-biobio/  y selección de Driver)

Autor: Leslie Ayala y Francisco Siredey / Fotografia: AgenciaUno

En sus declaraciones ante la fiscalía, el general (R) y ex jefe de la Dirección de Finanzas pasó de la negación a la confesión. Reportajes tuvo acceso exclusivo a los testimonios entregados por uno de los líderes de la trama defraudatoria en Carabineros, que abrieron la arista de los sobresueldos y pusieron en tela de juicio al alto mando de la institución.

Los testimonios de Echeverría: “Pagaron mi silencio”

El 20 de enero de 2017, el general Flavio Echeverría se sentó delante del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dispuesto a mentir. Estaba allí en calidad de testigo y no tenía que hacer más que explicar cómo funcionaba la repartición que dirigía al interior de Carabineros. “Por mí pasan los consejos financieros relacionados con el presupuesto institucional”, se lee en la primera de sus tres declaraciones, a las cuales tuvo acceso Reportajes. Luego dijo que dentro de la Dirección de Finanzas estaba todo reglamentado, que cada acto era revisado por diversas instancias y que la Contraloría incluso había realizado varias observaciones solicitando el reintegro de algunos fondos entre 2015 y 2016.

“Quiero agregar que yo realizo un acto administrativo todos los años a los cuatro departamentos, reviso los recursos humanos, materiales y estado de las instalaciones e inventario”, añadió.

Al fiscal Campos le interesaba comprender cómo dentro de la unidad de Echeverría no se habían descubierto antes los depósitos por un total de $ 300 millones en remuneraciones a la cuenta corriente de un oficial de Punta Arenas, el capitán Felipe Avila, una operación que fue detectada solo por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y luego informada a los bancos involucrados. Echeverría apuntó al mal funcionamiento del software calculador de remuneraciones e insistió en que el problema había sido solucionado por uno de sus subalternos, el coronel Héctor Nail, y que los fondos habían sido devueltos a las arcas de Carabineros.

“Ese procedimiento reglado del reintegro consiste en que se comunica al funcionario que debe reintegrar tanta cantidad de plata, ese proceso se hace en la pagadora. Ahí se hace la comunicación, abajo sale una nota que dice, entre otras cosas, ‘se le comunica que percibió indebidamente una asignación o beneficio y que debe realizar el acto administrativo correspondiente’, por lo tanto, esa persona sabe que debe pagar esa plata. El funcionario podría quedarse callado, pero alguien lo debe llamar”, dijo el general.

En ese primer encuentro con el fiscal, Echeverría omitió que él mismo había recibido millones en asignaciones indebidas durante años. Prefirió callar, pues nadie lo había llamado hasta entonces. Sin embargo, luego de avanzar en su investigación, el fiscal Campos se daría cuenta de sus mentiras, solicitaría su prisión preventiva y finalmente lo forzaría a entregar un segundo testimonio, en el cual Echeverría confesaría su culpabilidad y entregaría información inesperada.

“Pagaron mi silencio”

La segunda vez que se sentó delante del fiscal Campos, el 24 de marzo de 2017, Flavio Echeverría ya no era general de Carabineros, estaba en calidad de imputado y en prisión preventiva. Había sido pasado a retiro por el general director, Bruno Villalobos, y detenido apenas unos días después. “Deseo aclarar algunas cosas y en otras aportar”, comenzó diciendo. “Efectivamente, reconozco que el 20 de enero declaré ante el fiscal, pero omití información que ahora quiero aportar”.

Con esas palabras comienza la confesión de Echeverría -el primero en el grupo de los identificados como líderes de la malversación que comenzó a colaborar con la fiscalía- respecto de las operaciones fraudulentas que él denomina “salidas informales de fondos”. Estas comenzaron en 2008, cuando trabajaba en el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros y fue invitado a participar de este núcleo cerrado de personas por el coronel Arnoldo Riveros. “A partir del año 2008 comencé a recibir ‘recursos’ en mi cuenta corriente del Banco de Chile, la cual tengo hace más de 15 años. Dichos recursos, lamentablemente, no los supe controlar”, declaró Echeverría. “(Riveros) me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que fueron por alrededor de $ 30 millones, los invertí y los gasté. En ese año yo tenía como remuneración líquida alrededor de $ 2.300.000 (…). Yo no le conté a nadie y, como dije, me quedaba con todos los montos que me depositaban”, agregó.

Para el ex oficial de la policía uniformada, los integrantes más antiguos de la denominada “Mafia de la Intendencia” quisieron corromperlo para que este no amenazara el funcionamiento de su esquema defraudatorio. “Con ese depósito, ellos pagaron mi silencio, ya que ellos sabían que el año siguiente yo me iba a Contraloría. Yo cuando controlaba tenía la fama de ser ‘pesado’ y detallista, pero ahora para el proceso informal pasaba a ser ‘un aliado’”, manifestó Echeverría.

Al año siguiente, en 2009, el entonces coronel pasó al Departamento de Contraloría en Carabineros. Dentro de su equipo tenía al mayor Pedro Valenzuela, quien se transformaría en uno de sus más cercanos colaboradores con el paso de los años. Por entonces era el encargado de supervisar a Remuneraciones, aunque históricamente lo había hecho con Tesorería. El fiscal Campos le consultó a Echeverría si Valenzuela tenía algún rol en el ocultamiento del fraude: “En cuanto a un déficit, sinceramente no sé cómo se maquillaba, el presupuesto era flexible, por lo que si faltaba se pedía, este era una bolsa, se reasignaban recursos de otras partes”.

Echeverría reconoció que en 2009 los depósitos totales subieron a $ 60 millones, entregados parceladamente de a $ 20 millones. Con ese dinero fresco realizó dos inversiones inmobiliarias en un edificio de calle Miguel Claro por un total cercano a los $ 100 millones y se compró un Jeep Grand Cherokee que utilizaba hasta antes de ingresar a la cárcel.

“En el año 2010, también recibí depósitos en mi cuenta corriente, también por unas sumas alrededor de $ 60 a $ 70 millones aproximadamente, también en forma parcelada. Aparecían en mi cuenta con una frase cliché de ‘remuneraciones’, ‘pagos varios’ o ‘pagos nómina’. Tampoco devolví a nadie esos depósitos, me los quede en un 100%. Los invertía en fondos mutuos, en BanChile y los demás siempre ahí”, siguió relatando el ex oficial.

Como líder de la unidad contralora de Carabineros, Echeverría asegura haber presenciado otras irregularidades ocurridas ese año, después del terremoto del 27/F. Según su versión, se le pagaron servicios de salud a ex funcionarios de la institución como si todavía estuvieran activos. “Debo agregar que dentro de ese grupo estaban familiares de algunos generales en períodos anteriores, entre otros, la esposa del general (Eduardo) Gordon y la esposa del general (Eduardo) Vera. Acá se hacían pagos sin acto administrativo”, indicó.

Otra situación que le llamaba la atención eran los pagos que recibían algunos abogados que representaban a funcionarios, como Mauricio Unda (representante de varios uniformados acusados de violaciones a los DD.HH.). “A ellos se les pagaba íntegramente y ellos, a su vez, distribuían entre sus representados”, señaló.

Hacia fines de 2010, Echeverría fue trasladado nuevamente, esta vez al Departamento de Tesorería y Remuneraciones, donde asumió como jefe. Al año siguiente volvió a recibir cerca de $ 60 millones en depósitos directos, a los que se sumaron transferencias de varios funcionarios de la Intendencia, como el “mayor Ponce”, el capitán Randy Maldonado, el coronel Renato Sarabia, el coronel Arturo Rojas Henríquez y el comandante Pedro Valenzuela. “En total, por depósitos durante ese año debo haber recibido la suma de $ 220 millones aproximadamente. A fines de ese año, me ascienden a general”, relató el ex oficial.

Tras cuatro años de desfalco a la institución, Echeverría asegura haberse cansado de la trama. A comienzos de 2012 recibió un par de depósitos por $ 6 millones cada uno, que a la postre serían los últimos. Así completaría un total de $ 420 millones en dinero defraudado.

“Durante el año 2011 y 2012, en mi calidad de jefe de Tesorería y Remuneraciones tomé la determinación de cortar con estos procesos anormales, pero nunca denuncié, ya que formaba parte de la misma y dispuse del traslado del personal que trabajaba en ella”.

En esta nueva posición nombró a Pedro Valenzuela como su jefe de gabinete. Según Echeverría, no conversaban del tema de los dineros recibidos y simplemente esperaban que “pasara el tiempo”.

“Lo único que deseábamos era que pasara el tiempo, nada más”, señala.

En los años posteriores, el nuevo general realizó cambios de dotación en varios departamentos de la Dirección de Finanzas. En ese movimiento ascendió el coronel Jaime Paz, quien continuaría con las operaciones fraudulentas a la luz de la investigación del Ministerio Público y pese a las instrucciones que Echeverría asegura haber entregado para cerrar “el sistema de reparto”.

“No sabía de más depósitos indebidos”, señaló el ex general.

“Nunca lo dimensioné”

En las últimas páginas de su segunda declaración, Flavio Echeverría cuenta los pormenores de la caída de la máquina defraudatoria tras el descubrimiento de la UAF de los depósitos al capitán Avila. “En el mes de noviembre, directamente recibo una llamada de Alejandro Cobián, del BancoEstado, el cual me comenta de un depósito por un capitán de Punta Arenas. Yo dispongo que se averigüe de esto, llamo al comandante Nail y luego al coronel Paz, para que le diga a Nail que vea esa situación. Al día siguiente llega Nail y me indica que era error del calculador, el argumento de siempre. Dispongo que se proceda por Avila a la devolución”, reveló el ex oficial.

En los meses que siguieron, Echeverría recibió información del general Gonzalo Blu, jefe de Inteligencia, respecto de dos capitanes más (Estrada y Collao) con operaciones similares a las de Avila por $ 164 y $ 99 millones, respectivamente. Según esta versión, en enero de 2016, Echeverría le entregó a Blu los $ 60 millones en efectivo que le correspondían a su repartición por concepto de gastos reservados, cuando éste le advirtió de movimientos sospechosos en la cuenta corriente del coronel Paz. Este último negó cualquier irregularidad y aseguró haber recibido $ 11 millones por la venta de una moto.

La recuperación de los recursos irregularmente obtenidos por Avila, Estrada y Collao se prolongó hasta noviembre de 2016, bordeando los $ 540 millones. “Estas devoluciones no se efectuaron de acuerdo al acto administrativo (…). Con esto deduje que el proceso anormal seguía funcionando”, confesó Echeverría.

Durante estos meses, el ex jefe de la Dirección de Finanzas asegura no haber conversado el tema con el general director, Bruno Villalobos, pero asume que este sabía lo que estaba ocurriendo. Esta versión ha sido rechazada innumerables veces por la máxima autoridad de la institución, quien incluso fue acusado por el teniente coronel (R) Patricio Morales de conocer el desfalco desde que trabajaba como jefe de la Dipolcar.

Yo creo que el general Blu y el general (Julio) Pineda -Dirección de Personal- también sabían de otros nombres, por eso no hablé con el general director. La información le llegaba más rápido por Dipolcar (Inteligencia)”, añadió Echeverría.

Al final de su segundo testimonio, el fiscal Campos le preguntó al imputado si había dimensionado la magnitud del fraude, que se estima alcanza los $ 20 mil millones. Su respuesta fue ingenua:

“Nunca lo dimensioné, nunca”.

“Los gastos reservados tienen un destino diverso al de la ley”

Cuando el fiscal Campos ya no tenía más preguntas para Echeverría, este comenzó a entregar nuevos antecedentes sobre el uso de gastos reservados en Carabineros. Como jefe de Finanzas, a Echeverría le correspondía el reparto de fondos en moneda nacional y en divisas. El monto distribuido en pesos chilenos alcanzaba los $ 600 millones: la mitad del dinero se entrega a la Dirección General de Inteligencia (Dipolcar), el 40% a los generales de la institución y el 10% se destina a “gastos varios”. En tanto, el dinero extranjero corresponde a US$ 90 mil anuales, sin distribución fija, destinado a pagar gastos de viajes al exterior.

Según Echeverría, el problema principal está en el rubro “varios”, que se entrega en moneda nacional: “Se ocupan para comprar regalos de cumpleaños para los señores generales y sus cónyuges, como también para Navidad y, además, para los generales que se van a retiro. Se compran relojes para el matrimonio, por lo tanto, el aporte que yo recibo de los $ 450 mil está dentro de los $ 240 millones que se distribuyen para los señores generales. Lo que quiero decir, que se da un destino diverso al de la ley. La realidad es que los $ 600 millones por concepto de gastos reservados tienen un objeto legal distinto al comentario que le señalé en la pregunta anterior. Por cuanto dicho monto, en total, debería ser gestionado a la labor de Inteligencia a nivel nacional”.

Estas revelaciones abrieron una nueva arista en el caso, que ahora es investigada por la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte. Esta semana, Echeverría y el ex coronel Jaime Paz declararon en calidad de imputados, confirmaron la información entregada al equipo del fiscal Campos y aportaron mayores antecedentes sobre los desvíos de estos recursos. A diferencia de los primeros interrogatorios por el delito de malversación, ambos ex oficiales mencionaron que el actual general director, Bruno Villalobos, tenía conocimiento de lo que el alto mando hacía con los gastos reservados.

“Heredé la distribución de gastos reservados del general Whipple”

Para acompañar su tercera declaración frente al fiscal Campos, el 24 de abril de 2017, Echeverría llevó varias planillas con los montos repartidos entre el cuerpo de generales por concepto de gastos reservados. Su objetivo era ahondar en este tema y aportar nuevos antecedentes respecto de otras conductas irregulares que vio durante su paso por la policía uniformada, aunque respecto de muchas de ellas el testimonio se vuelve más vago, ya que reconoce haberse enterado solo de oídas.

En las planillas aportadas figuran los nombres de los últimos cuatro generales directores de Carabineros: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure, Eduardo Gordon y el fallecido Alejandro Bernales. También aparece la ex subsecretaria Javiera Blanco y el general Iván Whipple, antecesor de Echeverría en la Dirección de Finanzas. “Cuando asumí el cargo heredé las directrices de continuar con la distribución de gastos reservados de parte del general Whipple, él me pasó la lista”, declaró Echeverría.

Otro de los nombres en los que se detiene el ex general es el de Hugo Zúñiga, ex funcionario de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda en gobiernos de la Concertación, quien habría usado su influencia para abultar los presupuestos de Carabineros a cambio de pagos de honorarios con fondos de gastos reservados. “El coronel Fernando Pérez Barría me presentó en su oficina a Hugo Zúñiga, en esa oportunidad me quedé conversando con él y se acordó que yo mensualmente continuaría realizándole la entrega de su pago en un sobre con la suma de $ 500 mil aproximadamente, por concepto de sus servicios de asesorías”, señaló el general (R).

El testimonio continúa con el relato de cómo se mejoraba el saldo inicial de caja cada año frente a Dipres. “Zúñiga recibía los antecedentes y nos sindicaba cómo teníamos que defenderlo y plantearlo”, indicó Echeverría, quien agrega que Zúñiga también “conocía perfectamente a las otras instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden”.

“El matrimonio del hijo del general Cienfuegos lo pagó Carabineros”

Esta semana, la fiscalía pidió al 7° Juzgado de Garantía de Santiago alzar el secreto bancario a una veintena de ex oficiales. Se trata de la arremetida contra el grupo anterior a los actuales oficiales presos de Intendencia. La diligencia busca poder congelar sus bienes, además de realizar un análisis patrimonial de quienes -según varias declaraciones con las que cuenta el fiscal Campos- también habrían participado de las irregularidades indagadas.

En ese grupo destaca el general (R) Julio Pizarro Konga, ex jefe de Finanzas. Según la tercera declaración de Echeverría, “ese grupo era muy cerrado”, y ya en 2002 se comentaba en la Dirección de Finanzas que sus patrimonios personales aumentaron considerablemente en los tiempos del mando del general Julio Pizarro”.

Haciendo alusión a lo que también se comentaba, el imputado habla sobre el ex general director de Carabineros Alberto Cienfuegos y supuestas anomalías relacionadas a su persona. Echeverría declaró que un tratamiento médico de la esposa de la máxima autoridad de Carabineros de esa época habría sido cancelado con recursos fiscales a través de un traspaso desde el Departamento I Presupuestos y Finanzas al Hospital de Carabineros. “Además, se comentaba que el matrimonio del hijo del general director Alberto Cienfuegos habría sido pagado con recursos del Departamento Relaciones Públicas de Carabineros, con apoyo del Departamento I de Finanzas”, y sostiene que incluso “el personal de garzones que atendieron el evento fueron carabineros alumnos que dependían del grupo de formación de Carabineros”, sostuvo.

Todo esto, según el general (R), eran comentarios de la época, por lo que en este caso no entrega antecedentes por escrito, sino más bien sostiene que el personal de Bienestar y Finanzas de esa época puede reportar mayores antecedentes. Misma situación habría sido respecto de la construcción de una casa en una parcela comprada por Cienfuegos que -denuncia Echeverría- habría sido financiada con recursos públicos y con piedras sacadas de la cantera del Fundo Guayacán, administrado por la institución castrense.

 (Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/los-testimonios-echeverria-pagaron-silencio/  y selección de Driver)

 

 

Autor: V. Rivera, J. Matus y D. Aguayo

Treinta y dos de 33 ex agentes recibieron penas de cárcel por muerte de frentistas en 1987. Cerca de 20 internos se irían a ese recinto a raíz de que en Punta Peuco no alcanzan los cupos.

Suprema dicta mayor condena por DD.HH. y nuevos reclusos serían enviados a Colina 1

La Corte Suprema emitió la mayor condena registrada por violaciones a los derechos humanos. El tribunal sentenció ayer a 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los secuestros calificados de los cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

Estos delitos ocurrieron en septiembre de 1987, siendo una de las últimas desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen militar. El secuestro, que terminó con los frentistas lanzados al mar, ( Según trascendió, el magistrado decidió acotar algunos aspectos relacionados con el caso de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos por la ex Central Nacional de Informaciones (CNI) entre el 7 y 10 de septiembre de 1987, y sometidos a intensas torturas por cerca de un mes, para luego ser lanzados al mar.)       fue una acción de represalia de la CNI y organismos del Ejército, luego del secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido ese año, quien estuvo 90 días cautivo a manos de miembros del FPMR. El oficial fue liberado en Brasil (ver secundaria).  (Leer información sobre el secuestro de Carreño en el Link  siguiente  https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Pr%C3%ADncipe )

Entre las personas condenadas está quien fuera el jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, quien sumó 15 años más de presidio, al igual que Hugo Salas Wenzel, mientras que las penas para otros sentenciados fluctúan entre los 10 y cinco años. Además, por primera vez hay una mujer, Ema Ceballos Núñez, que recibió una pena efectiva (10 años) por este tipo de ilícitos (ver recuadro). Uno de ellos fue absuelto y otro recibió la libertad vigilada. Este fallo confirmó las penas de la Corte de Apelaciones de Santiago.

De estos, 26 deberán hacer ingreso por primera vez a la cárcel, y no necesariamente Punta Peuco. ¿Por qué? El recinto de Tiltil sólo tiene capacidad para albergar a seis personas más, es por ello que el resto, es decir cerca de 20, deberían cumplir su condena en módulos que han sido habilitados en Colina 1.

La decisión de enviar a los sentenciados a ese penal es facultad del ministro en visita del caso, Mario Carroza, la que será tomada luego de que Gendarmería le envíe la propuesta de los recintos con cupos. Extraoficialmente, según fuentes del proceso, la institución informó que Colina 1 podría recibirlos. En el caso de la mujer condenada, aún no se determina dónde quedará recluida.

Desde el servicio, en tanto, señalaron que “la sentencia aún no se ejecuta. No podemos anunciar destinaciones de condenados mientras no sean puestos a disposición de Gendarmería. Hay recursos pendientes y debemos esperar el fallo definitivo, porque somos respetuosos de las resoluciones de los tribunales de justicia”.

Para el abogado Raúl Meza, quien representa a gran parte de los condenados, “existe una alta posibilidad de que algunos se vayan a Colina 1. Los internos de Punta Peuco y sus familiares están inquietos y preocupados por la decisión que puedan tomar Gendarmería y el Ministerio de Justicia, considerando que el penal Punta Peuco llegó a su máxima capacidad”. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, dijo que “hacía tiempo que no se condenaba a una cantidad tan grande, porque son más de 30. En Colina 1 llevan bastante tiempo trabajando en el penal para los victimarios y ahí tendrán que asumir”.

En esa misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que “gracias a los tribunales de justicia hoy podemos conocer una parte de la dolorosa verdad que afectó a muchos chilenos y chilenas durante la dictadura”.

En tanto, para el abogado en casos de derechos humanos Luciano Fouillioux, la resolución “es muy relevante, porque se logró determinar no sólo una asociación ilícita, sino una participación múltiple , casi surrealista, para aprehender y exterminar a cinco personas indefensas”. En cuanto a que algunos de los condenados cumplan su pena en Colina 1, manifestó que “el Estado va a tener que hacer mayor hotelería para personas que vayan siendo sentenciadas en estos casos, o derechamente enviarlos al cumplimiento rutinario, como todos los reos del país”.

(Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/suprema-dicta-mayor-condena-dd-hh-nuevos-reclusos-serian-enviados-colina-1/  y selección de Driver)

Autor: Angélica Baeza Palavecino

La gravedad del delito, cercanía con la prescripción y la situación socioeconómica influyen en los montos establecidos por los jueces.

¿Cómo se fijan las fianzas en Chile?: los detalles de este beneficio del sistema judicial antiguo

Durante esta semana el monto de la fianza establecido para la libertad de Cristián Labbé fue motivo de discusión. La jueza había dado en un primer momento el monto de $200 mil, mientras que la defensa solicitaba $50 mil, y finalmente tras el reclamo de la parte querellante, el tribunal determinó la suma de $500 mil.

¿Pero cómo se determina el monto?  No hay una cláusula concreta que las regule, ya que esto queda a criterio del juez y la Corte, pero sí hay ítems que influyen en la cifra.

El abogado Roberto Celedón explicó a La Tercera que el sistema de fianzas en la justicia actual no opera, sino que se arrastra del antiguo como “una norma general”.

“Los criterios están regulados en las normas del procedimiento antiguo, es decir, con la penalidad del delito y luego se analiza la situación particular del proceso, por ejemplo, si tiene buena conducta anterior y si ha reparado el mal causado”, explica Celedón.

Los abogados eran y son aún los encargados de depositar el monto para la libertad de su representado. El dinero era depositado en cuentas corrientes que mantenía el tribunal en el sistema antiguo de justicia.

SE DEVUELVE
Cuando el acusado es absuelto o condenado, el Tribunal le devuelve el monto pagado por la fianza.

“Esta fianza se le devuelve al acusado, el objeto es asegurar la comparecencia del acusado a los fines del procedimiento, estos fines son que pueda ser juzgado, ya que se requiere que esté presente y que cumpla lo que la sentencia ordena”, explicó el abogado.

En tanto, existen casos que si la persona es condenada civilmente, a pagar una indemnización, las víctimas podrían pedir la retención de la fianza.

(Fuente:http://www.latercera.com/noticia/como-se-fijan-las-fianzas-en-chile-los-detalles-de-este-beneficio-del-sistema-judicial-antiguo/  y selección de Driver)

 

Con sólo 21 años el chileno Harold Vilches armó, sin ayuda, una red de exportación de oro ilegal. A cambio de no volver a la prisión colaboró en una investigación que involucra empresas fantasmas, ejecutivos de Miami y Dubai y traficantes de Perú y África
Los lingotes incautados al joven chileno que montó una operación de contrabando de oro de tal magnitud que la investigan el FBI, y las autoridades de su país, Perú y Ecuador. (Aduana de Chile)
Los lingotes incautados al joven chileno que montó una operación de contrabando de oro de tal magnitud que la investigan el FBI, y las autoridades de su país, Perú y Ecuador. (Aduana de Chile)

Harold Vilches, un estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor de Santiago, Chile, escribió en la búsqueda de Google:

“Distribuidores de oro en Perú”.

Entre las primeras entradas leyó el nombre de Rodolfo Soria Cipriano. Lo estudió: el diario El Comercio, de Lima, lo describía como “uno de los exportadores más prolíficos del país”. Le escribió.

Soria le respondió al muchacho de 21 años con rapidez y pocas palabras: él podría brindarle todo el oro que quisiera siempre que tuviera el dinero para pagarle. Al llegar a un acuerdo, Vilches tuvo la precaución de no preguntarle a Soria de dónde salía el mineral. Le bastó con saber que recibiría el oro en Santiago sin pagar impuestos de ingreso.

Así comenzó el mayor contrabando de oro de Chile: un cartel del joven-orquestra —ni las autoridades locales ni la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos encontraron un pescado gordo por encima de él— que llegó a exportar más de 50 millones de dólares en 4.000 libras (1.814 kilos) de oro sacado de la minería ilegal de América del Sur. Antes de su arresto en agosto de 2016 Vilches concentró más de la mitad de la comercialización anual del oro desde Chile desde 2012. En la trama se mezclan una empresa de Dubai que reclama USD 5 millones y otra de Miami investigada por lavado de dinero.

Durante los últimos 15 años la demanda global de oro aumentó de 1.000 toneladas anuales a 4.300. La minería legal no pudo cubrir ese incremento, y las mafias comenzaron a explotar el negocio desde el Amazonas hasta África. En esos huecos tóxicos donde se usa mercurio para extraer el metal, toda la degradación del medioambiente y los seres humanos es posible, según las Naciones Unidas: trabajo infantil, prostitución asociada.

Con sólo 21 años Harold Vilches, un estudiante universitario de Santiago, comenzó un negocio ilegal que el Departamento de Justicia y el FBI investigan hoy.

Con sólo 21 años Harold Vilches, un estudiante universitario de Santiago, comenzó un negocio ilegal que el Departamento de Justicia y el FBI investigan hoy.

Vilches había heredado la responsabilidad del negocio familiar de joyería de su padre, Mario, quien había sufrido un accidente cerebrovascular. Había empezado a colaborar con él a los 15 años y lo había visto trabajar demasiado. “Si él iba a hacer eso, decidió, quería hacer más que comprar y vender dijes“, publicó Bloomberg Businessweek en una narración extensa del caso. “Pensaba hacer dinero de verdad, y eso implicaba entrar al negocio mayorista del oro”.

A modo de prueba se convirtió en proveedor del exportador Gonzalo Farías: en septiembre de 2013 le entregó 6,6 libras (tres kilos) de oro que había comprado legalmente en Chile. En sucesivas entregas averiguó que Farías exportaba a la empresa Fujairah Gold, de Dubai, y los contactó directamente. En junio de 2014 firmó un contrato para entregarles 6.000 libras (2.721 kilos, casi tres toneladas) a lo largo de 12 meses.

“El contrato comenzó con 90 libras el primer mes, luego la cantidad aumentaba”, escribieron los autores de la nota, Michael Smith y Jonathan Franklin. “Como no tenía dinero para comprar tanto oro, la empresa le dio acceso a una reserva de USD 5,2 millones“. Con un valor total de más de USD 100 millones, Vilches esperaba una ganancia de entre USD 2 y USD 6 millones.

No había suficientes monedas de oro ni joyas en todo Chile para cumplir con los encargos de Fujairah. “Así que Vilches decidió convertirse en contrabandista”, sintetizó Bloomberg. El peruano Soria le conseguía oro de alta pureza de la región de Madre de Dios. Además de Dubai comenzó a venderle a una empresa estadounidense, NRT Metals de Miami, una filial de la empresa de Dallas, Texas, Elemetal LLC, especializada en oro certificado.

La demanda global de oro aumentó en los últimos 15 años de 1.000 a 4.300 toneladas. Como la minería legal no puede satisfacerla, se abrió un gigantesco negocio criminal. (iStock)

La demanda global de oro aumentó en los últimos 15 años de 1.000 a 4.300 toneladas. Como la minería legal no puede satisfacerla, se abrió un gigantesco negocio criminal. (iStock)

El 28 de abril de 2015 Vilches fue demorado en el aeropuerto de Santiago de Chile porque las autoridades de aduana no le creyeron que las 44 libras de oro que llevaba a Miami para NRT Metals provinieran de monedas fundidas, como declaró. Los lingotes —que él mismo había aprendido a hacer, junto a su suegro, por medio de videos de YouTube— valían unos USD 800.000 y los documentos no lucían bien.

“Vilches había llegado al aeropuerto con seis horas de anticipación porque pensaba que podría haber problemas; había escuchado que la aduana había confiscado envíos de contrabandistas competidores”, reconstruyeron los autores del texto. “Pero Vilches había hecho esta carrera, o enviado gente a hacerla, más de una docena de veces, y había preparado su documentación falsa de exportación con cuidado extra”.

El oro nunca llegó a Miami, donde lo esperaban dos guardas con un camión blindado para llevarlo a NTR Metals, la empresa que —investiga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos— “compró al menos USD 3.000 millones de oro sudamericano en los últimos cuatro años, mucho del cual provenía de operaciones mineras ilegales”. El envío fue confiscado. Vilches volvió a su casa. Y la Policía de Investigaciones lo monitoreó durante los 15 meses siguientes, hasta su detención la noche del 12 de agosto de 2016 en su apartamento del barrio Las Condes.

Intervinieron sus teléfonos, siguieron a sus mensajeros. “Observaron a los contrabandistas que traían el oro desde Perú, a lo largo de trechos remotos del desierto y por los valles de los Andes, o desde Argentina, manejando sobre las montañas nevadas a la sombra del Aconcagua”. Todos los caminos terminaban en el cuartel central de Vilches, que evaluaba el oro, lo pesaba y lo pagaba. Luego lo fundía y convertía en lingotes: así quedaba listo para que él o un courier lo llevaran a Miami. Los investigadores probaron movimientos por USD 80 millones, realizados mediante ocho empresas fantasmas en Chile y los Estados Unidos, a nombre de Vilches, su esposa, su suegro y un socio.

Harold Vilches llegó a exportar más de USD 50 millones en 4.000 libras (casi dos toneladas) de oro salido de la minería ilegal de América del Sur.

Harold Vilches llegó a exportar más de USD 50 millones en 4.000 libras (casi dos toneladas) de oro salido de la minería ilegal de América del Sur.

Para entonces Vilches había roto el contrato con Fujairah, que lo había demandado por el dinero que le había dado para operar y por una serie de excusas que le había dado antes de la cancelación. Soria lo había presentado a NTR Metals y el comité de conformidad de la firma lo había aprobado en tres semanas. “La información que NTR Miami recibió es que Vilches provenía de una familia de joyeros establecidos”, dijo un vocero de la empresa. También el tío de Vilches, Enrique, un pastor evangelista, tenía la cadena de Joyas Barón.

“Vilches les dijo a los fiscales que viajó a la Florida y se encontró con dos ejecutivos de NTR: Renato Rodríguez, director de ventas para América Latina, y Samer Barrage, quien supervisa las operaciones en Miami”, publicó Bloomberg. “Se reunieron en un restaurante de Coral Gables. ‘Ellos sabían que algo pasaba con mi oro, porque era tan puro… Pocos meses después les dije expresamente que era oro de contrabando’ dijo Vilches. También les dijo a los fiscales que Rodríguez y Barrage lo entrenaron para falsificar los documentos aduaneros”. Los ejecutivos negaron las acusaciones.

Las autoridades de Aduana no le creyeron que las 44 libras de oro que llevaba a Miami para NRT Metals provinieran de monedas fundidas.

Vilches también declaró que a comienzos de 2015 Rodríguez y Barrage lo citaron en Miami para proponerle que encontrase un proveedor de oro en África que les permitiera contrabandear 1.000 kilos (2.200 libras) por mes. Le dijo al FBI: “Por políticas de conformidad, no podían recibir oro africano. Así que me propusieron que lo exportara de África a Chile y desde ahí lo enviara a NTR Metals”. El joven pasó un mes en Tanzania, donde negoció con traficantes de Sudáfrica y Camerún, pero encontró un estafador más afilado que él —perdió USD 300.000— y lo persiguieron e interrogaron. Rodríguez y Barrage negaron también esos cargos.

A cambio de su testimonio, Vilches salió de la prisión —había ingresado por “lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando, comercio clandestino y facilitación de documentación falsa”, entre otros delitos— y no regresará. Vive con detención domiciliaria nocturna en un apartamento modesto, luego de haber tenido un bunker con medidas de seguridad que envidiaría un banco. “Hoy Vilches y NTR Metals están en el centro de una investigación penal de gran alcance que llevan adelante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal Nacional en lo Económico de Chile y las autoridades de Perú y Ecuador“, detalló Bloomberg.

A partir de este caso, Santiago fortaleció la normativa de exportaciones. Sin embargo, todas las agencias de investigación que participan creen que Vilches dista de ser original y que puede haber miles como él en América Latina.

(Fuente: http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/03/11/ascenso-y-caida-del-mayor-contrabandista-de-oro-de-america-del-sur/  y selección de3 Driver)
 
Autor: V. Rivera, F. Duarte y C. Lira

Medida podría aplicarse durante los próximos días, una vez que avance la investigación interna. Policías involucrados en el desvío de fondos se habrían quedado con un 10% de dineros depositados.

Carabineros desvinculará a cerca de 10 funcionarios más por millonario fraude

“Los que son culpables no tienen que presentar su renuncia, porque estando en retiro o en servicio activo se irán a la cárcel igual. La decisión que la tomen ellos, pero se irán donde tienen que estar”. Con estas palabras, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, advirtió la gravedad de las sanciones que podrían aplicarse a los funcionarios que sean vinculados en el caso de fraude y malversación de fondos públicos, al interior de la institución, el que llegaría a $ 8 mil millones.

Hasta ayer eran 10 los efectivos policiales pasados a retiro (el miércoles presentó la renuncia un capitán), luego que el lunes la máxima autoridad de la institución anunciara los alcances de la investigación, donde nueve oficiales -entre ellos un general- fueron removidos de la entidad de orden. Según antecedentes del caso, entre 2010 y 2015, un grupo de carabineros traspasó dineros desde una cuenta de la institución a líneas bancarias de terceros.

Los dineros habrían sido transferidos a las cuentas personales de distintos carabineros, quienes devolvían una parte, repartían otra y se quedaban para ellos con cerca de un 10%. Algunas veces el porcentaje podría ser variable, según aseguraron fuentes de la causa.

Por estar vinculados a estas prácticas ilícitas, Carabineros se encuentra investigando internamente a más funcionarios, supuestamente involucrados en el fraude. Fuentes del proceso señalaron que durante los próximos días la cifra de oficiales desvinculados aumentará en 10 casos más.

Según aseguraron cercanos a la indagatoria, el fiscal administrativo está recopilando las auditorías que se están realizando en distintos departamentos de la institución, como también escuchando las declaraciones de testigos y supuestos involucrados. Sin embargo, también trascendió que hay algunos casos donde algunas personas devolvieron de manera íntegra el dinero “extra” que se les depositó.

Avances en el caso

Ayer, el general director de la entidad policial, Bruno Villalobos, visitó a un teniente herido el miércoles en una balacera en la comuna de Lo Prado, donde se refirió al aumento de oficiales de desvinculados. “Los carabineros que están involucrados, hasta este minuto, son los que fueron llamados a retiro, dados de baja, separados del servicio, como ustedes quieran llamar (…). Hay oficiales que fueron expulsados de la institución, hay otros que por responsabilidad de mando se fueron a retiro, pero esto va en movimiento y debiera, a medida que van avanzando los días, ver la responsabilidad de cada uno”, dijo el general.

El máximo representante de la institución también sostuvo que “aquí no se va a esconder nada, se va comunicar todo lo que se tenga que comunicar de lo que haya realmente y no inventemos cosas de las que no tenemos conocimiento. Efectivamente, el fiscal está tomando declaraciones en dependencias de Carabineros, pero vuelvo a repetir de la investigación judicial la desconozco y no quiero saber de ella tampoco”.
Ayer, en tanto, Villalobos lideró un consultivo de generales de Carabineros, pactado a fines del año pasado, donde el tema del fraude fue analizado.

En cuanto a la investigación de la fiscalía, a cargo del persecutor regional de Magallanes Eugenio Campos, este entregará hoy los antecedentes del caso al CDE. Ayer, tras una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que “se trata de una investigación sumamente compleja. Se ha creado un equipo íntegro que está ayudando cabalmente en la investigación”.

En la causa ya se han ido sumando algunos abogados defensores para representar a los imputados. Es el caso de los ex fiscales Alejandro Peña y Vinko Fodich, quienes tomaron el patrocinio del teniente coronel (R) Mauricio Saldaña.

Fodich sostuvo que “lo que nosotros buscamos es que la responsabilidad de Saldaña se enmarque en lo que realmente realizó. Es decir, actuó como un receptor de dineros que después devolvió a los autores materiales, ejecutores de este sistema de fraude”.

Además, el abogado manifestó que “no estoy diciendo que lo que hizo esté bien, pero no es lo mismo la persona que roba con violencia que compra un objeto robado, ya que la gravedad es muy distinta”. Carabineros, en tanto, también alista eventuales acciones legales. Al interior de la institución, en la dirección de justicia del organismo, se está estudiando la posibilidad de querellarse contra los funcionarios removidos por su vinculación en el millonario fraude.

 
 (Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/carabineros-desvinculara-cerca-10-funcionarios-mas-millonario-fraude/  y selección de Driver)
Autor: Fernando Duarte M.

Francisco Solar y Mónica Caballero habían sido absueltos en Chile por el mismo delito. Policía que los trajo dijo que evitaron hablar en el vuelo. Fueron recibidos por sus familiares.

El silencioso regreso de los chilenos condenados por bombazo en España

Faltaba poco para que el reloj marcara las 22.00 del lunes en Madrid cuando Francisco Solar y Mónica Caballero aparecieron en el Aeropuerto Barajas de la capital española.

La pareja de chilenos, condenada a cuatro años y seis meses de cárcel por detonar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza, el 2 de octubre de 2013, finalmente regresaría al país tras ser expulsada por la justicia hispana luego de cumplir un tercio de su pena.

“Nos dio la impresión de que estaban contentos por venir a Chile”, explicó este martes Miguel Gil López, el jefe del grupo del Servicio de Expulsión de Delincuentes Extranjeros de la Policía Nacional de España, encargado de traer a Solar y Caballero.

El oficial agregó que una vez que los sacaron de las respectivas cárceles donde estaban recluidos, fueron llevados al aeropuerto para luego ser subidos al avión número 6833 de Iberia.

“Por un tema de protocolo, los primeros en entrar a la nave fueron ellos y los sentamos en las últimas filas”, comentó el policía, quien añadió que cada uno estuvo acompañado de dos funcionarios. “Cuando recién subieron hablaban entre ellos de cómo fueron los días que estuvieron en prisión, de los diferentes contactos que habían tenido y de los conocidos en común que hicieron. Pero durante el vuelo evitaron conversar”, afirmó el oficial.

Eso sí, reconoció que ambos les preguntaron cuánto demorarían desde España a Chile y a qué hora estarían en Santiago.

Consultado por si el matrimonio -que pidió casarse mientras estaba tras las rejas- había viajado esposado, Gil lo descartó.

“No está permitido que una persona viaje esposada. Se pueden poner lazos de tela o algún otro material de fácil extracción en caso de que haya un accidente, pero en este caso la pareja viajó sin ninguna restricción”, agregó.

Una vez que el avión tocó la losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez, los cuatro policías, además de Solar y Caballero, debieron esperar que todos descendieran de la nave para salir de ella.

“Salimos del avión y se los entregamos a la PDI. Fue todo muy rápido, así que no tuvimos tiempo de despedirnos de ellos”, dijo Gil.

Mutismo inicial

Pero la buena disposición que tuvo el matrimonio antes y durante el viaje cambió al arribar a Chile.

Según un testigo, ninguno de los dos quería responder a las preguntas que les hicieron los funcionarios de Policía Internacional en la terminal aérea, porque aseguraban que su abogado les había dicho que mantuvieran silencio.

Sin embargo, una vez que los efectivos de la PDI les explicaron que era un procedimiento normal y de rutina para las personas que habían sido expulsadas de un país, accedieron a responderlas.

“Una vez que llegan al aeropuerto son recepcionados por funcionarios de la PDI, quienes constatan la documentación que traen, les hacen un control de identidad y revisan que no haya situaciones pendientes con la justicia chilena”, sostuvo el jefe de la Prefectura Policial Internacional Aeropuerto, subprefecto Bernardino Cárdenas, de la PDI.

Tras sortear el procedimiento de rigor, Francisco Solar y Mónica Caballero pudieron salir sin inconvenientes de la unidad policial.

Afuera los esperaban amigos y familiares, quienes los recibieron con besos y abrazos. Todo ello ante el asedio periodístico.

De hecho, era tanta la prensa que esperaba a los jóvenes, que sus cercanos se vieron obligados a rodearlos para que pudieran subir a un ascensor.

Pese a eso, en el tercer piso de la terminal aérea otro grupo de periodistas y camarógrafos esperaba a la pareja, lo que hizo que a ratos el ambiente se volviera tenso. No obstante, el tema no pasó más allá de algunos empujones, antes de que el matrimonio subiera a un automóvil que supuestamente los llevó a Viña del Mar.

Sin causas en Chile

El subprefecto Cárdenas subrayó que Solar y Caballero “no tienen ningún impedimento de entrada (ni tampoco alguna solicitud pendiente) por parte del sistema judicial chileno. Por lo tanto, ellos ingresaron libremente al país”.

La información también fue replicada por el ministro del Interior, Mario Fernández, quien dijo que la pareja no tiene “ninguna causa pendiente con la justicia”.

Por lo tanto, agregó que “no deben tener en ningún caso un trato distinto que cualquier persona; en Chile hay igualdad ante la ley”.

Y respecto de la investigación a la que fueron sometidos por el caso bombas, de la cual se descartaron los cargos en su contra, el ministro recalcó: “Fueron detenidos en Chile durante el gobierno pasado, acusados de un delito, juzgados y absueltos. Después viajaron fuera de Chile y desde el punto de vista nacional ellos no tienen ninguna causa pendiente”.

 (Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/silencioso-regreso-los-chilenos-condenados-bombazo-espana/  y selección de Driver)

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, señaló que entre los funcionarios dados a retiro hay involucrados directos y responsables de los mandos. Además, confirmó la baja del general Flavio Echeverría, de la dirección de finanzas.

Carabineros da de baja a 9 funcionarios por fraude fiscal al interior de la institución

Por favor ver la noticia en el link de la Fuente:    http://t13.cl/203042 –  selección de Driver.

Fiscalía informó el cierre de investigación por el caso Penta

Publicado por: Daniel Giacaman Z. – Foto: Aton Chile (Archivo) 

Tras decretar el fin de las indagatorias, los abogados del Ministerio Público presentarán la acusación contra todos los imputados a los que llevaría a un juicio oral.

Mediante un correo electrónico, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente informó a los intervinientes y al 8° Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de investigación del denominado caso Penta.

Tras decretar el fin de las indagatorias, los abogados del Ministerio Público presentarán la acusación contra todos los imputados a los que llevaría a un juicio oral.

El organismo persecutor tiene un plazo máximo de 10 días para realizar esta acción donde que indaga el financiamiento irregular de la política mediante el uso de boletas y facturas ideológicamente falsas.

Durante las indagatorias, las cuales han durado dos años, la Fiscalía reunió más de 80 tomos con antecedentes y formalizó a 34 personas.

 

(Fuente:  http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/fiscalia-informo-el-cierre-de-investigacion-por-el-caso-penta/2017-03-04/182214.html  y  selección de Driver)

 

Autor: V. Rivera y F. Duarte

Fiscalía Sur y Carabineros solicitaron la información a Gendarmería. Uno de los reos fue el primero en escribir en sitio “ecoextremista”.

Caso Landerretche: piden lista de visitas a presos por bombazos

La próxima semana se cumplirán dos meses del atentado al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche. El pasado 13 de enero, el ingeniero fue víctima de un ataque explosivo en su casa, en La Reina, cuando una bomba le estalló a pocos centímetros de distancia. Ese mismo día la Fiscalía Sur asumió la indagatoria, donde ahora algunas líneas investigativas apuntan a los penales.

Para el esclarecimiento de los hechos, los cuales son analizados por el fiscal Sur Claudio Orellana y Carabineros, se han ordenado distintas diligencias. Entre las últimas figura una pesquisa relacionada con la solicitud del Ministerio Público a Gendarmería, para que le envíe el listado de visitas de todos los internos vinculados a casos relacionados con atentados explosivos en la Región Metropolitana.

Uno de ellos es el que más preocupa a la fiscalía y a los organismos de inteligencia de la policía. Se trataría de Kevin Garrido Fernández, quien, según fuentes del caso, tendría cierta cercanía con integrantes de grupos autodenominados “ecoterroristas”. El joven está detenido por su presunta participación en la colocación de un extintor relleno con pólvora, que detonó el 11 de noviembre de 2015 en las afueras de la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería. También se investiga su responsabilidad en un atentado afuera de la empresa Chilectra, en El Parrón, en el mismo año.

El interés de los investigadores en las visitas de Garrido radicaría en que supuestamente él firma uno de los primeros escritos subidos a la página web “Maldición Ecoextremista”, misma plataforma donde el grupo llamado Individualistas Tendientes a lo Salvaje se adjudicó el atentado a Landerretche.

El aquel texto se consigna: “Un llameante abrazo a cada prisionero en guerra y prófugos. A los terroristas de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, a los nihilistas destructores, a los anarquistas de praxis, a cada célula incendiaria (…) que se oponen a civilización…”.

Sospechas en el norte

Sin embargo, no sólo en Santiago se están realizando pesquisas, sino también en la zona norte del país. Ello, pues la fiscalía estaría recopilando información sobre el atentado que sufrió el director de Codelco, Raimundo Espinoza, quien el 1 de noviembre de 2015 sufrió un ataque explosivo en las afueras de su casa.

Para investigar un posible vínculo entre este atentado y el que sufrió Landerretche, la Fiscalía Sur solicitó la carpeta investigativa del ataque a Espinoza, investigación que está a cargo de la Fiscalía de Atacama.

Además de estas pesquisas, la fiscalía también pidió a la Universidad de Chile el listado de los alumnos que Oscar Landerretche tuvo en la Facultad de Economía y Negocios de esa casa de estudios, entre 2013 y 2016.

 (fUENTE:  http://www.latercera.com/noticia/caso-landerretche-piden-lista-visitas-presos-bombazos/  y selección de Driver)