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Autor: Leslie Ayala

A la espera del cierre del penal, el oficial de 65 años, que ha pasado casi 30 años privado de libertad por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, sostiene que falta información en las causas de DD.HH., pero apunta al Ejército y a quienes fueron cómplices pasivos del régimen. Aquí, uno de los primeros reclusos de Punta Peuco cuenta cómo se viven los últimos días de esa cárcel.

Mayor (R) de Ejército preso hace 29 años: “No busquen en Punta Peuco la verdad que falta en DD.HH.”

Por primera vez en los 22 años de existencia del penal Punta Peuco no hubo festejos el 11 de septiembre, cuando se conmemoraron 44 años del Golpe Militar. Antes, los internos organizaban un almuerzo y recordaban la “gesta” en que participaron -según algunos de ellos- para “librar al país” del gobierno marxista de la Unidad Popular.

Uno de los “socios fundadores” del recinto pelitenciario exclusivo de militares, como se autodenomina, el mayor (R) de Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y el carpintero Juan Alegría, tiene una explicación: “No están los ánimos”. El ex agente de la CNI que el próximo año podría optar por beneficios carcelarios agrega que “hasta el año pasado se celebraba, algunos ponían marchas militares, que a mí me cargan, pero este año no, y ¿sabe? es mejor, porque es una fecha que divide a Chile”.

Es jueves 28 y son las 9.30 horas. Los gendarmes de Punta Peuco cuentan a los internos. Es una práctica que se hace a diario antes del desayuno. Luego, algunos de los reclusos -todos militares condenados por violaciones a los derechos humanos- se acercan hasta una reja, la primera de cinco que los separan del mundo exterior, para pedir sus medicamentos, organizar su salida al médico o pedir algo.

Minutos después, con un libro de apuntes bajo el brazo, aparece Herrera Jiménez.
¿Cómo está el ambiente con el anuncio del gobierno sobre el cierre de Punta Peuco?
Hay de todo, algunos más preocupados que otros. Tengo 29 años y tres meses preso. He estado en cárceles en Argentina, La Serena, Puente Alto, o sea… sé lo que es la vida carcelaria. He estado 29 años y tres meses preso por causas de derechos humanos, de manera que para mí no es un tema que me preocupe, ni tampoco me siento llamado a defender la permanencia o no de Punta Peuco. ¿Sabe por qué? Porque estimo que se puede malinterpretar, que queremos mantener supuestamente este hotel de cinco estrellas del que hablan ciertas personas. Y eso no es así. Soy socio fundador de esta cárcel. Llegué cuando se construyó, cuando se hizo para la prisión del general Contreras. Antes de él habíamos tres presos.

Como socio fundador, y habiendo estado en otros penales, ¿no cree que esta es una cárcel con comodidades?
No. Esta es una cárcel como cualquier otra. Es un mito que hay más comodidades. Si usted ve estas paredes, lo que está pintado fue por los presos. Cuando recibimos esta cárcel no tenía ni muebles. La mayoría de las partes era obra gruesa. Si a 22 años de vida institucional esta cárcel está en mejor estado es por nosotros. La amoblamos, le ponemos cuadros que pintan los propios presos, los televisores los compramos nosotros, hicimos los jardines, todo.

¿Con recursos propios?
Claro. Si la mayoría somos pensionados. Si esta cárcel tiene mejores estándares, como dijo el ministro de Justicia, se debe a que es una cárcel que ha sido arreglada por los presos. Todos los años se pinta con cargo a nosotros. Si usted huele, no hay olor a orina ni a fecas, pero eso es porque nosotros limpiamos. Usted va a ver los baños, están impecables, y nos organizamos por módulo, nuestras piezas lo mismo. Le aseguro que si nos cambian de cárcel en un plazo de tres meses ese penal al que lleguemos vamos a arreglarlo igual y nuevamente nos van a tener que sacar, porque “es una cárcel de cinco estrellas”.

Por lo que entiendo, entonces, ¿a usted no le molesta el cierre de Punta Peuco?
Mire, el problema va más allá de esto. Y eso lo devela el ánimo de cierre de Punta Peuco. Acá falta una definición política, transparentar a 44 años del Golpe qué se pretende cambiándonos de cárcel. ¿Para qué nos cambian? ¿Para que vivamos peor? ¿Para que suframos? ¿Por qué nos cambian? Porque fíjese que esta cárcel se hizo en 1995 y el decreto de formación dice que es una cárcel de alta segmentación y de alta segregación, para cumplir delitos especiales ocurridos en un momento especial. Palabras más, palabras menos, es lo que dice el decreto.

Pero tienen más espacio, jardines, pueden salir al médico…

Pero esas condiciones no han cambiado de 1995 al 2017, sigue siendo igual. De esta cárcel hablan personas que no la conocen. Autoridades penitenciarias han dicho que esta cárcel cumple con todos los estándares de una común. Si está ordenada es por nuestra idiosincrasia: ¡Somos militares!, tenemos una formación distinta y un nivel socioeconómico distinto al reo común, pero no hay lujos, vengan a vernos… ¿Qué se pretende con este cambio? ¿Que vivamos mal? ¿Nos quieren ver con pantalones cortos, sin camisa y con un estoque como en las películas de las cárceles? Eso no va a pasar, ya no pasó aquí, probablemente en Colina 1 los internos que ya están allá también la están arreglando. Lo que falta acá es sinceridad, cuál es el objetivo de todo esto. Una explicación.

¿Cómo se enteraron del cierre?
Por las noticias. Pero sabe, todos los años, cuando se acerca septiembre, dicen que nos van a cambiar.

Pero este año la Presidenta dijo en CNN que cumplirá el compromiso con Carmen Gloria Quintana…
No tengo cómo saber si esa versión es cierta.

Aún así, ¿están preparados? ¿Lo hablan? ¿Se han organizado?
Bueno, si se hace, creo, no va a ser algo traumático. Algunos como yo tendremos que ayudar a los más abuelos. Acá casi todos somos viejos, pero algunos están peor que otros. No creo que Gendarmería vaya a adoptar medidas inhumanas para este cambio. Creo que se hará con la debida prudencia. Es evidente que nos va a cambiar la vida, porque esta es una cárcel donde solo estamos nosotros y veo poco probable que mis nietos vayan a ese nuevo penal. Como familia lo hemos conversado y no me gustaría exponerlos a ellos tan chicos a una fila en una cárcel común, tampoco a mis hijas. Va a ser triste, pero no quiero pensar en ellos en filas con visitas de cárceles comunes.

Afuera se habla de personas con avanzadas enfermedades, algunos terminales y con alzheimer… ¿Es así?
Claro que es así. Aquí hay personas que están con alzheimer. Hay tres aquí que no tienen idea de dónde están. Ahí la condena ya no es para esa persona, es para su familia, ellos ya no están acá.

¿Quiénes son?
El más conocido es el general Héctor Orozco. Hay otras dos personas, pero no me gustaría nombrarlas, porque no sé si ya saben que tienen alzheimer. Uno se da cuenta de que son repetitivos, hablan lo mismo siempre, preguntan lo mismo, andan como perdidos. En esos casos siento que hay un trato inhumano, pero no es de Gendarmería, es de los jueces cuando dictan sentencia y no se constata el estado de salud de la persona. En el caso del general Orozco, por ejemplo, el último examen de salud que tenía era de 2013, y fue condenado el 2017, en base a ese informe. El tribunal debió haberse fijado, porque usted se da cuenta desde lejos que la persona no está en sus cabales.

¿Les han hecho ver eso a los jueces que vienen a visitar el penal?
Es que no vienen mucho. Se supone que deberían venir semestralmente, pero cuando vienen cuesta mucho pedirles entrevista. Yo desde el 2008 que estoy en condiciones de pedir beneficios y no me los han dado.

Lo que pasa es que usted está condenado por delitos de lesa humanidad…
Eso es lo que se argumenta y ha habido una negativa sistemática por otorgarnos beneficios, porque la autoridad que debe hacerlo, el Ministerio de Justicia y los tribunales, tienen un ojo puesto en el expediente y el otro mirando al mundo político.

“El mundo político suele hablar de Punta Peuco como el palacio de la impunidad, y es lo contrario. Aquí están los que están pagando”.

¿Cómo es la convivencia acá? 
La convivencia es buena. Hemos extremado las medidas de respeto para que no haya problemas. En esta cárcel no hay peleas.

¿Cómo es la rutina de un día normal en Punta Peuco?

Todos los días son como el mismo día. Me levanto alrededor de las 7 am, tengo una bicicleta elíptica en la cual hago 30 a 45 minutos de ejercicio. Tomo desayuno, y a las 9 de la mañana nos cuentan a los presos que estamos y verifican que no haya enfermos. Terminada esa “ceremonia matutina” quedamos a libre disposición. Algunos hacen deporte, otros caminan. En mi caso, escribo y leo mucho.

¿Y sobre qué escribe?
Estoy trabajando con pactos internacionales que dicen relación con la tenencia de reclusos y de condenados por delitos de lesa humanidad.

¿Ha descubierto algo?
¡Uffff! Cosas muy interesantes. Chile no respeta ninguno de esos pactos. El conflicto de los DD.HH. es un problema de Estado al igual que el conflicto mapuche. Ambos conflictos tienen un inicio y un desarrollo de tipo político y, como tal, deberían tener un final de carácter político. Y la solución política no significa tener impunidad, sino que nos ordenemos y nos pongamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con el conflicto mapuche? ¿Qué vamos a hacer con el conflicto de los derechos humanos? Me parece que ese paso todavía no lo damos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir toda la vida sin reconciliarnos y vamos a seguir toda la vida con los mapuches peleando? ¿O vamos a buscar vías de solución? La primera pregunta que usted me va a decir es que falta verdad.

Claro. Eso es lo que exigen los familiares que aún no encuentran a sus padres, hijos, esposos…
Y estoy de acuerdo en que falta verdad.

¿Falta verdad de parte de quién? ¿Del Ejército? ¿De los agentes del régimen? ¿De dónde están los desaparecidos?
De todos. No busquen en Punta Peuco la verdad que falta en los casos de derechos humanos, porque esa ya está entregada. Y ya voy a llegar a su pregunta de dónde están. Cuando se judicializó el conflicto de los derechos humanos desde el ámbito político se decidió dar una solución del tipo judicial y esta, a su vez, fue el castigo penal. Pero, en sede penal, sólo son responsables las personas naturales vivas y no son imputables las personas jurídicas o las instituciones y las personas fallecidas. ¿Quiénes hicieron, diseñaron, planificaron, financiaron el Golpe Militar? Bueno, fueron las instituciones de la Defensa Nacional, a través de sus mandos designados por decreto supremo con nombre y domicilio conocido. Todos hoy están fallecidos. Están respondiendo de los hechos que ocurrieron del 11 de septiembre en adelante, las personas que cometieron el grave delito de ser jóvenes en aquella época.

¿Como usted?
Claro. Subtenientes en el caso de los oficiales y cabos en el caso de los suboficiales. Porque esos son los que quedan vivos. Hoy somos viejos. Pero quienes tienen la responsabilidad de los hechos están fallecidos.

Hay personas que también tenían su edad en esa época y que tampoco están acá…
A eso me refiero también. Cuando el ex Presidente Sebastián Piñera habló de cómplices pasivos, estoy de acuerdo con que hubo cómplices pasivos y que al día de hoy no han respondido. En el ámbito penal se debe determinar la participación y la responsabilidad de las personas en los hechos. Una cosa es la participación y la otra es la responsabilidad que se tiene. Por eso digo que cuando hablo de soluciones políticas, no tiene que ver con impunidad, sino que nos ordenemos en cómo lo vamos a hacer para poder solucionar o llegar a vías de solución de este conflicto. Porque si no vamos a vivir eternamente mal. Y volviendo a su pregunta de dónde están… fíjese que me atrevo a decir, responsablemente, que por la acción de la justicia de un universo aproximado de 1.500 detenidos desaparecidos -alguien podrá decir no, son 1.800 y otros no, son 1.300-, pero hablemos de ese universo, han aparecido más o menos 150. O sea, estamos hablando del 10%. Desde ese punto de vista falta verdad. Pero no somos los presos de Punta Peuco los encargados de dar la respuesta de dónde está el otro 90%. Porque los presos de acá, aunque suene un poquito jactancioso, han producido la trilogía perfecta: verdad, justicia y reconciliación.

¿Por qué cree eso?
Del juicio penal de los presos que estamos en Punta Peuco se han derivado acciones civiles que han ido a pagar las indemnizaciones de las víctimas nuestras. Pero no es el caso de otros. El mundo político suele hablar de Punta Peuco como el palacio de la impunidad, y es lo contrario. Aquí están los que están pagando, y en los cuales se han derivado acciones civiles que han redundado en la reparación de las víctimas.

¿Usted dice que hay personas que están en libertad y que tienen la información?
Claro que sí, y volvemos al problema. Acá el tema de los derechos humanos se solucionó judicializando los casos. Usted comprenderá que aquel viejito de 78 años, que vive con su viejita en una casa, y tiene algún grado de información que aún oculta, si tuviera la peregrina idea de ir a un tribunal y decir “yo sé dónde hay algo”, esa persona queda inmediatamente presa. ¿Usted cree que alguien que tiene información la va a entregar? Acá se ha privilegiado, para mi gusto, el castigo por sobre la verdad. ¿Qué vamos a querer: verdad o el castigo?, porque las dos cosas, a través de 27 años, han demostrado que no se pueden conjugar.

¿Ustedes no tienen más información?
La información se dio. Mire, la impunidad está afuera, busque la impunidad en cualquier lugar, menos en Punta Peuco. No la busquen aquí. Y cuando hay abogados querellantes que hablan que las instituciones tienen un grado de responsabilidad o tienen información, yo estoy de acuerdo con ello.

El ministro de Defensa y el comandante en jefe del Ejército dicen que se ha entregado toda la información. ¿Usted qué cree?
Que eso no es así, que tienen información, pero no es la información que están esperando. Yo creo que las instituciones tienen algo que decir, probablemente no sea dónde hay detenidos desaparecidos. Eso creo yo y lo afirmo… no tienen por qué saberlo. Pero las instituciones, y no me refiero sólo al Ejército, sino que a las cuatro instituciones de la Defensa Nacional, les falta dar algún tipo de información. No han dicho, por ejemplo, quiénes son los mandos que tienen algún grado de responsabilidad. Hay registros de los procedimientos, tienen que estar.

¿Esa información se ocultó?
No sé si se ocultó o no, pero no se ha entregado. O no se ha querido entregar. No han informado sobre procederes, que es también importante. Se lo grafico con un ejemplo. Creo que faltó que en este caso el Ejército, a través de su comandante en jefe, hubiese aclarado que no es justo ni posible que el general Contreras haya tenido la misma pena que el cabo Basclay Zapata, porque no es justo. Porque los grados de responsabilidad y de participación no son iguales. Sin embargo, tienen la misma pena. No es posible que suboficiales tengan la misma pena que sus jefes. Eso no se usa militarmente, y si se usa así, entonces hay que reformar toda la malla curricular de las instituciones.

Como la hipótesis que plantea Cheyre…
Y en el caso de Cheyre se vuelve a demostrar el problema que antes planteé. Como está judicializado, sólo son responsables las personas vivas. Y los que le dieron la orden en el lugar donde estaba Cheyre están muertos. ¿Cómo lo hace Cheyre ahora? Va a tener que pagar él como cómplice.

“No es posible que suboficiales tengan la misma pena que sus jefes (…). Los grados de responsabilidad y de participación no son iguales. Sin embargo, tienen la misma pena”.

Si le propusieran a personas que tienen información contar la verdad y no ir a la cárcel, ¿cree que lo harían?
La verdad, no lo sé. Podría ser una de las tantas soluciones que se pueden explorar.
Pero hay personas acá que siguen negando participación…
No. Yo creo que la gente que está acá ya habló y por algo está presa. Pero es distinto en el caso de otras personas que a lo mejor no han entregado la información porque no hay ningún estímulo para que lo hagan. Y eso hay que decidirlo pronto, porque esas personas se están muriendo y es fundamental que hagamos un alto y nos pongamos de acuerdo. Busquemos soluciones políticas. A través de las soluciones políticas se pueden dictar leyes. Por la acción de la justicia en 27 años han aparecido alrededor de 78 personas. Juzguen ustedes. ¿Está bien esa velocidad de hallazgos? ¿Chile resistirá ese tiempo? ¿Los familiares resistirán esperando 23 o 24 años más? ¿Podrá seguir esperando doña Ana González de Recabarren, que tiene desaparecidos a su cónyuge, a dos hijos y la nuera, para que reciba su indemnización? ¿Será justo? Es injusto, más cuando políticos perciben indemnizaciones hace años y sale de nuevo el chilenismo de los pitutos.

¿Dice que hay gente que ha zafado de la justicia por influencia política?
Así es, y políticos también. Yo hablé en mi proceso de un edecán que era hermano de un connotado dirigente (Enrique Krauss) que fue exonerado de toda culpa en Pisagua. Y él era mi jefe. Yo estoy preso y él libre. Y se dio la paradoja que judicialmente quedó establecido que mientras este señor ‘contaba remedios’ en la enfermería del recinto, el subteniente Carlos Herrera, es decir yo, se hizo cargo de todo, del campamento militar de prisioneros de guerra, el más grande que había en Chile. Y se hizo cargo de la tropa, de la Armada, de Carabineros y de Gendarmería de esa época. ¡Eso es un absurdo desde el punto de vista militar! Ahí falta también que la institución saque la voz e indique que eso no es posible. Pero se hizo y la justicia lo dio por hecho. Yo no puedo otra cosa sino pensar que hubo una mano política que ayudó. Tengo asumidos mis crímenes y mi castigo, pero lo que quiero es graficar que en el caso de los DD.HH. hay quienes han logrado escapar gracias al “pituto”.

¿Cree que levantando el secreto de la Comisión Valech se puede obtener más información?
No lo creo. Todo apunta a que se guarde silencio. Fíjese con este asunto de judicializarlo todo y pasarlo al ámbito penal, lo que se ha logrado ha sido silencio más que verdad.
Las agrupaciones de DD.HH. buscan que ustedes estén en una cárcel común…
Si nosotros somos condenados por delitos de lesa humanidad, entonces nos asiste la Convención de Ginebra, que en su artículo 77 de la segunda convención dice que tenemos que estar en un lugar aparte, entonces Punta Peuco se justifica.

Usted colaboró, se arrepintió y pidió perdón, pero hay compañeros suyos que aún creen que cumplieron su deber…
Qué bueno que me tocó el tema, se me estaba olvidando. Sí, pues, es que es así. Mire, voy hablarle de mí, que es el tipo que más conozco. Yo di muerte a Tucapel Jiménez y al carpintero Alegría. Y por muchos años me sentí muy orgulloso de eso. Que el Estado a través de mi jefe haya confiado en mí para dar muerte, en este caso a Tucapel Jiménez por ser un traidor a la patria. Yo estaba convencido de eso y que así era y me sentía muy orgulloso. Pero con el paso del tiempo me enteré de otras cosas que no eran. Que a mí no se me contó la verdad, que me mintieron, bueno eso está en el expediente. Hay mucha gente que, como yo, pensó que lo que hizo estuvo bien y que sigue pensando que lo que hizo estuvo bien, porque fue la orden que recibieron.

¿Se sienten héroes?
En Punta Peuco no hay nadie que se sienta como héroe, sería un absurdo. Los héroes no están presos.

Si saliera de la cárcel, ¿qué haría?
Irme al campo, vivir con mi señora, malenseñar a mis nietos y ver si puedo retomar mi hobbie, la radiodifusión.

¿Cuándo cree que van a cerrar el penal?
No creo que la Presidenta se quiera generar otro problema más de los que ya tiene. Tiene otros problemas más importantes que resolver, como por ejemplo el conflicto mapuche.

Piñera ahora tiene altas posibilidades de ser gobierno. Él cerró el penal Cordillera, ¿qué esperan de él?
Yo no espero nada. Piñera ya fue Presidente, y yo pasé los cuatro años acá, le pedí el indulto y me dijo que no. Yo no espero nada de Piñera, no sé el resto.

(Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/mayor-r-ejercito-preso-29-anos-no-busquen-punta-peuco-la-verdad-falta-dd-hh/  y selección de Driver)

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Autor: F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala

La emisión de un certificado al general (R) Juan Emilio Cheyre -en el que se establece que su nombre no figura en el Archivo Jurídico de la Vícaría de la Solidaridad vinculado a delitos por violaciones a los DD.HH.- generó una soterrada disputa en la emblemática entidad, gatilló la renuncia de uno los integrantes de su directorio y la revisión de los protocolos para la entrega de información.

El quiebre en la Vicaría por el caso Cheyre

Todos quedaron sorprendidos cuando el general (R) Juan Emilio Cheyre llegó junto a su abogado, Jorge Bofill, a las oficinas de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ubicadas en La Reina. El ex comandante en jefe del Ejército había concurrido al lugar para entregar una carta en la que pedía a los encargados de la institución un requerimiento poco usual. “Vengo a solicitar a usted que se informe al infrascrito si en los antecedentes, información de trabajo u otro tipo de fuente disponible que obran en los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad existe alguna denuncia, acusación, constancia, queja o algún otro antecedente que vincule a mi persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas, que ocurrieron en Chile en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990”, se lee en la misiva -a la que Reportajes tuvo acceso- que fue entregada por Cheyre a la secretaria ejecutiva de la fundación, María Paz Vergara, el 17 de agosto del año pasado.

Para nadie de los que estuvieron al tanto de esa tratativa el tema podía pasar por alto. Por primera vez un miembro de las Fuerzas Armadas requería información sobre su propia participación en casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar. Hasta ese día, la institución solo había trabajado con las víctimas de los apremios ilegítimos y con sus familiares.

A ello se sumaba que quien pedía la información no era un militar cualquiera. En ese momento, Juan Emilio Cheyre estaba preparando su defensa ante la justicia para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, en La Serena, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército que recorrió el país para agilizar y revisar los procesos de detenidos tras el Golpe Militar: la operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 personas.

Y el otrora uniformado, además, fue el primer comandante en jefe del Ejército en asumir la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Augusto Pinochet. “Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”, señaló en 2004.
El histórico gesto fue puesto en entredicho 12 años después, cuando el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. La defensa del general (R) ha sostenido que al momento de esos hechos éste sólo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se realizaron en el regimiento y que derivaron en los fusilamientos.

Justamente para reforzar ese argumento fue que Cheyre y Bofill llegaron a las dependencias de la Vicaría de la Solidaridad.

La respuesta
La secretaria ejecutiva de la Vicaría, María Paz Vergara, señaló que no supo bien cómo reaccionar frente a la solicitud de Cheyre. “En honor a la verdad, él tenía el derecho a preguntar”, afirma al ser consultada por la gestión.

Pero aunque tenía la facultad para responder los requerimientos que suelen llegar a la institución -en general de víctimas o familiares consultando por archivos de causas-, Vergara logró calibrar lo delicado de la petición y decidió consultar al presidente del directorio de la institución, Javier Luis Egaña.

 

El problema del certificado entregado a Cheyre radica en que el nombre del otrora uniformado sí aparece en los archivos de la Vicaría vinculado a Consejos de Guerra en 1973.

El ex director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno de Ricardo Lagos y actual asesor de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de la Presidencia fue quien dio luz verde a la petición.
El resto del directorio de la fundación, compuesto por Enrique Palet, Cristián Precht, Francisco Javier Manterola, Álvaro Varela, María Luisa Sepúlveda y Gustavo Villalobos, no fue consultado por el tema y se enteró con posterioridad, manifestando distintas reacciones frente a lo ocurrido.

Según pudo establecer Reportajes, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información referida a víctimas del período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. La respuesta fue enviada un día después a Cheyre.
En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, se lee en el documento, que fue enviado a los abogados del general (R) con la firma de María Paz Vergara.

La respuesta de la emblemática institución era esperada en la defensa de Cheyre: en sus manos estaba un certificado oficial de que su nombre no aparecía en los registros de la institución clave en la custodia de la documentación e información del trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad en defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Pero el problema se desató a días de conocerse en la institución la gestión solicitada.

Y es que -además de constituir un gesto inédito en la historia de la Vicaría de la Solidaridad- no pocos advirtieron que, contrario a lo que estipula el certificado despachado a Cheyre, el nombre del general (R) aparece en al menos cinco documentos correspondientes a fallos durante los Consejos de Guerra en La Serena ocurridos en octubre de 1973 y que están en los archivos del organismo.

En esos documentos el entonces teniente Juan Emilio Cheyre aparece firmando sentencias en contra de reos del Regimiento Arica por acusaciones que van desde “ocultar armas y explosivos” y “agitación política”, hasta “persona ejecutada”.

Estos son parte de los documentos que ligan al general (R) Juan Emilio Cheyre con Consejos de Guerra efectuados en La Serena durante 1973.

Estos son parte de los documentos que ligan al general (R) Juan Emilio Cheyre con Consejos de Guerra efectuados en La Serena durante 1973.

Quienes conocen el funcionamiento del archivo de la Vicaría explican que el error se pudo cometer por un tema de procedimiento de los encargados del archivo, quienes buscaron en la base de datos ordinarios, la cual organiza la búsqueda por nombre de cada víctima. En esta línea -señalan las mismas fuentes- es poco probable que el nombre de Cheyre apareciera en los documentos que ellos manejaban.

Una situación que pudo arrojar un resultado distinto en caso de que se hubiese buscado en los archivos que resguardan las sentencias donde figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército como participante en Consejos de Guerra en cinco oportunidades.

“Políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, afirma María Paz Vergara.

Al ser contactado por Reportajes, el presidente del directorio de la fundación y uno de los responsables de la decisión, Javier Luis Egaña, prefirió no referirse al tema, aduciendo “estar con la agenda copada”.

El quiebre reservado 
El resto del directorio supo días después de la visita del general (R) Juan Emilio Cheyre y su abogado a la Vicaría y fue entonces que se desataron las desavenencias que -hasta hoy- se mantenían en reserva.
Varios expresaron su molestia frente a lo que consideraron que la emisión del documento fue una equivocación de consecuencias insospechadas para la imagen de la institución.

La ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, fue más allá y, por medio de una carta, renunció a su puesto en el directorio de la fundación, generando un quiebre inédito al interior de ese organismo.

Ella es de las personas que más nos dan confianza, que más sabe de derechos humanos. María Luisa merece todo nuestro respeto, pero ella hubiera querido otro procedimiento y que fuera consultada”, reconoce el sacerdote Francisco Javier Manterola, también integrante del directorio.

Los intentos por retener a Sepúlveda para hacerla cambiar de opinión no tuvieron éxito. De todas maneras, la dimisión tomó carácter de indeclinable.

El resto de los miembros del directorio también hizo saber sus reparos. En primer lugar, pidieron revisar los protocolos y determinar si existen otras consultas formuladas por imputados en procesos por violaciones a los derechos humanos. En ese caso se estableció no responder directamente al solicitante, sino que sólo se entregue información a los tribunales.

Finalmente se debatió la improcedencia de la entrega de este tipo de documento y que ésta debió discutirse a nivel de directorio. “Pecamos de ingenuos”, sostienen, al tiempo que explican que también se demandó a Egaña que reconociera a otras organizaciones de derechos humanos que la decisión de entrega del certificado sólo fue visada por parte del directorio en caso de una eventual consulta.

“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice Manterola.

“Yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”, argumenta María Paz Vergara.

El tema ha sido debatido en reserva en las organizaciones vinculados a la defensa de los derechos humanos, en parte para evitar la polémica pública y que se denote un quiebre en ese mundo.

El presidente de la Asociación de ex Funcionarios del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, escribió una carta dirigida a Javier Luis Egaña expresando su preocupación por la labor de la fundación de Documentación y Archivo. Egaña respondió lamentando los hechos ocurridos y comunicando los cambios en la política de la fundación.

La Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, en tanto, también envió una misiva a la entidad que dirige Egaña, que no ha sido respondida, en la que advierten que lo ocurrido fue una situación “extremadamente grave”, y aseguran que el documento avala el comportamiento de Cheyre y que será utilizado por su defensa en el proceso.

María Luisa Sepúlveda renunció al directorio de la fundación y se abrió un soterrado debate entre las organizaciones de familiares y víctimas del régimen militar.

“No tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”, dice la presidenta de la agrupación, Sylvia Castillo.

La petición a Carroza
Hace unas semanas, el ministro que investiga la causa en contra de Cheyre, Mario Carroza, recibió la visita de integrantes del directorio de la Fundación Vicaría de la Solidaridad en su oficina en calle Compañía.
Los visitantes le preguntaron si el certificado de la entidad había sido presentado por la defensa del general (R).

Sin embargo, Carroza respondió que aún no estaba en conocimiento del documento al que aludían. Fue entonces que los miembros del directorio solicitaron al ministro que en caso de tener a la vista el certificado en cuestión se le advirtiera a la fundación para “realizar precisiones”. Extrañado, Carroza se comprometió a avisarles.

Fuentes judiciales -no obstante- precisaron que este tipo de antecedentes se suman al expediente como uno más de los presentados por la defensa del general (R).

Contactados por Reportajes, desde la defensa de Cheyre se afirmó que el polémico documento siempre estuvo pensado para ser utilizado en la causa que involucra al ex jefe militar en violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sería -según explicaron- una “prueba de descargo” en favor del otrora uniformado. “Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron.

Así, la polémica podría reabrirse en enero, cuando Carroza dicte sentencia en el caso en el que Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.

(fUENTE:  http://www.latercera.com/noticia/quiebre-la-vicaria-caso-cheyre/  y selección a través de  Driver)

 

 

En la instancia participarán aproximadamente mil representantes policiales y políticos de los 192 países que conforman la organización. A propósito de la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que comenzó el martes en China, hoy se confirmó a Chile como el próximo país anfitrión de la instancia internacional. A través de un comunicado, la Policía de […]

via Chile será sede de la próxima Asamblea General de Interpol 2019 — QUORUM-Asuntos Gobierno de Chile

Por Autor: Javiera Matus

Datos fueron enviados por el Ministerio de Justicia a la Embajada de Estados Unidos, y están incluidos en el reporte de 2017 sobre tráfico de personas realizado por el Departamento de Estado de ese país.

Sename atendió a 1.341 menores víctimas de explotación sexual en 2016

En prisión preventiva quedó el martes pasado el taxista Jorge Jiménez, por presunta explotación comercial sexual de tres menores de entre 11 y 14 años a quienes les pagaba con dinero o drogas. Una de ellas era residente de un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La detención de Jiménez fue la primera de la Fiscalía Occidente en el marco del caso en que investiga, desde diciembre de 2016, redes que obligan a cometer este ilícito a niñas y adolescentes que son internas o ex residentes de estos hogares.

Este tema no solo es de preocupación de las autoridades chilenas, dado que el Departamento de Estado de Estados Unidos en junio de 2017 elaboró un reporte sobre tráfico de personas y en uno de sus capítulos se enfoca en lo ocurrido en nuestro país.

El documento, de 454 páginas, analiza la situación de tráfico de personas en 187 países a nivel mundial. y en el acápite chileno se relata el trabajo que hace el Sename para atender a menores que son obligados a ejercer el comercio sexual.

Al respecto, se señala que “Sename ayudó a 1.341 niños víctimas de tráfico comercial de explotación sexual en 2016, en comparación con 1.285 en 2015. Las autoridades no informaron cuántas fueron víctimas de la trata o cuántos de los niños asistidos eran nuevos en 2016”.

Consultado el servicio sobre estas cifras, señalaron que “los datos que aparecen en el informe del Departamento de Estado de EE.UU. fueron entregados por el servicio al Ministerio de Justicia, a quienes les llegó la solicitud desde la embajada norteamericana”.

Asimismo, explicaron que los niños, niñas y adolescentes “que ingresan a la red del Sename lo hacen por orden de un tribunal. Las cifras entregadas en el informe corresponden a menores de edad víctimas de explotación sexual comercial y que posterior a esa vulneración fueron atendidos en los 18 proyectos especializados disponibles para su reparación”.

Se detalló que de los más de 1.300 menores atendidos, un 87% eran mujeres. Y en relación a la nacionalidad, un 96% de las víctimas eran chilenos.

Estos programas especializados, dijeron desde el Sename, entregan apoyo legal e intervenciones psicológicas y sociales que abarcan ámbitos de salud, educación y capacitación laboral. En el tratamiento se contempla la atención de la víctima y de su grupo familiar.

En ese sentido, señalaron que “las terapias de reparación para las víctimas son fundamentales para que comprendan y superen lo vivido. El proceso puede durar entre un año y medio y tres años, dependiendo de cada caso”.

El informe estadounidense detalla además que las autoridades chilenas identificaron 23 víctimas de tráfico durante 2016, lo que incluía a dos niños. De ellas, 15 eran por tráfico laboral y ocho por carácter sexual.

También el reporte entrega recomendaciones al país para enfrentar este delito. Entre ellos, indica que hay que incrementar los esfuerzos para sancionar a los traficantes de personas con penas proporcionales a la gravedad del ilícito, y que hay que investigar y condenar todas las formas de tráfico humano, incluida la trata sexual de menores en el marco de la Ley 20.507. Esta norma tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (ver nota secundaria).

Persecución penal

Durante 2016 ingresaron 116 denuncias por el delito de explotación sexual comercial infantil, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.

Sin embargo, de acuerdo con el director de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, “existe una cifra negra relevante -esto es, casos que no se denuncian-, por lo que es necesario ser cautelosos sobre la distribución geográfica de estos delitos”.

En ese sentido detalló que, de acuerdo con la información disponible, “el ilícito se presenta en prácticamente todas las regiones, con cifras relativamente mayores en Valparaíso y O’Higgins y también en zonas correspondientes a las fiscalías metropolitanas Centro Norte y Sur, donde hay mayor número de denuncias en términos comparativos”.

En cuanto a la dificultad para investigar la explotación sexual infantil, dijo que la escasa adherencia de las víctimas al proceso investigativo y la inexistencia de redes familiares, son algunos de lo problemas que deben enfrentar.

Explicó que “en ese marco, hay estrategias a nuestro alcance y otras que no dependen de la fiscalía: entre las primeras está la capacitación permanente a fiscales y profesionales, el fomento al uso de técnicas especiales de investigación, la mejor calidad de las entrevistas y la grabación de las mismas. Entre los aspectos que escapan a nuestro alcance se encuentran algunos prejuicios que en ocasiones se manifiestan en las opiniones de jueces, contenidas en sus fallos, que tienden a poner de cargo de la víctima la responsabilidad por este fenómeno”.

Dijo, además, que las víctimas visibilizan su participación en las redes “como una forma de escape del círculo de pobreza, marginalidad y exclusión en el que están inmersas. Generalmente los niños o adolescentes reciben a cambio una ganancia o beneficio, lo que lamentablemente hace que tanto explotadores, las mismas víctimas y su entorno tiendan a entender la explotación como una forma legítima de trabajo sexual y no como un delito”.

Denisse Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces, encargada de tres proyectos especializados en explotación sexual comercial infantil del Sename, dijo que pese a que estas iniciativas “ayudan bastante, no estamos llegando a muchos niños que quedan fuera del sistema de protección. Si no salimos a perseguir esta situación, es bien difícil que los podamos encontrar, esa es mi preocupación”.

Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, señaló que para obtener una detección temprana de estos casos, hay que “mejorar la capacidad de diagnóstico en el sistema público, ya sea salud o educación”.

Agregó que “las víctimas suelen no reconocer la situación que están viviendo, sienten culpa, como si ellas fueran las causantes, por eso son claves los equipos multidisciplinarios de los consultorios, como también miembros de organizaciones comunitarias, profesores, personal no docente de escuelas y policías”.

(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/sename-atendio-1-341-menores-victimas-explotacion-sexual-2016/  y selección de Driver)

Autor: Pablo Guarda Velasco

Esquema fraudulento se basa en robo de madera y su compraventa, con uso de facturas falsas, para obtener devoluciones de IVA. Servicio ha presentado 10 querellas por un perjuicio fiscal superior a los $ 3.000 millones y ya hay personas condenadas.

SII apunta a millonario fraude tributario en compraventa de madera en Biobío

Fuente: SII.

El robo de madera es un delito que en los últimos años ha provocado graves tensiones sociales en las regiones forestales del país -asociados a conflictos con comunidades mapuche-, situación que recrudece en la VIII Región del Biobío, donde el negocio maderero alcanza su máxima expresión. Esto, considerando que desde este territorio se exporta en torno al 60% del total nacional, en una industria que acumuló ventas al exterior por US$ 5.271 millones en 2016.

Pero el robo físico del producto no es el único delito que se ha venido gestando en la zona, ya que una arista tributaria que persigue el Servicio de Impuestos Internos (SII) suma -a la fecha- montos defraudados que superan los $ 3.000 millones (US$ 4,47 millones), perjuicio fiscal que se calcula de las 10 querellas que han sido presentadas hasta ahora. A modo de comparación, los más de 60 querellados por el caso SQM generaron un perjuicio similar al alcanzado en esta causa.

La investigación del SII en la zona comenzó en mayo de 2013, cuando en la pequeña Plaza de Armas de Lebu, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un individuo que comercializaba facturas falsas, principalmente a contribuyentes con el giro de comercialización de madera.

Este hecho desencadenó una serie de fiscalizaciones y auditorías a empresas y proveedores de la zona, bajo el Plan Especial de Fiscalización diseñado por el Servicio e implementado a partir de entonces. A este respecto, el director del SII, Fernando Barraza, manifestó que “hemos desarrollado una acción muy intensa en estos casos, recopilando y analizando rigurosamente los antecedentes disponibles, siguiendo paso a paso la trazabilidad. Es decir, el origen y la cadena de comercialización de la madera”.

El entramado

La trazabilidad de la madera (o de cualquier otro bien) es el hilo conductor que permite a los fiscalizadores revisar si efectivamente se concretó una compra de manera legal, o si esta es ficticia, existiendo solamente en el papel. Para determinar esto, los fiscalizadores tuvieron que bajar literalmente a terreno, utilizando las guías de despacho de las facturas emitidas, lo que a su vez permitió dar con el rol de avalúo del predio de origen de la madera. Así es como surgió la hipótesis del comercio ilegal del producto, ya que el Servicio encontró predios que derechamente no eran agrícolas, o que no fueron efectivamente explotados por el volumen señalado en las facturas, entre otros.

De esta manera, el ente recaudador dio con Henry Vigueras Sáez, empresario maderero condenado (junto a su contador) por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, tras la presentación de una querella del Servicio y persecución del Ministerio Público, en base al artículo 97, número 4, inciso 2° del Código Tributario, que se refiere al aumento doloso del Crédito Fiscal de IVA. De acuerdo a Cristián Vargas, ex subdirector jurídico del SII y actual director Tax&Legal de BDO, “esta es una figura bastante común, donde se simulan operaciones; o que, siendo reales, se aumentan indebidamente los montos. A veces se compran facturas, haciendo parecer contablemente que hicieron una adquisición y soportaron IVA, con lo que aumentan el crédito fiscal para descontar el pago de impuestos”.

A los colaboradores de Vigueras, en tanto, se les condenó por facilitación de instrumentos tributarios falsos, que en este caso correspondían a 34 facturas ideológicamente falsas emitidas entre 2011 y 2014, que generaron un perjuicio fiscal superior a los $1.000 millones (ver infografía).

Devoluciones

Con todo, la principal figura delictual que se persigue es el abultamiento del crédito fiscal con cargo a un supuesto pago del IVA, pero con la variante de ser usados por empresas exportadoras para solicitar devoluciones de impuesto al Fisco (artículo 97, número 4, inciso 3° del Código Tributario). Esto, en base al Decreto Ley Nº 825 de 1974, que busca incentivar al sector que vende al exterior, permitiendo descontar el pago del IVA sobre bienes y servicios comprados para realizar la actividad. Según explicó Vargas, “ese precisamente es el delito más grave, que simula la operación tributaria, obteniendo devoluciones de impuestos que no le corresponden. La pena va desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio. Puede ser hasta 15 años”.

De hecho, el caso de Vigueras permitió ir desenredando un entramado que podría seguir escalando en orden de relevancia -pudiendo superar varias veces el monto del actual perjuicio fiscal- ya que, según el propio condenado, el comprador final se ubicaba un par de eslabones más arriba en la cadena. Según expresó la propia defensa del entonces acusado en el alegato de apertura, “(Vigueras) históricamente ha hecho negocios con las comunidades indígenas de manera lícita, lo que no es fácil y es el origen de sus problemas. Al final de la cadena está Forestal Volterra, que fue el comprador final, el que como exportador ha obtenido devolución del IVA procedente de las misma operaciones (…) la investigación fue parcial e incompleta, cuestionándose porque no se investigó a Forestal Volterra”.

Consultado, el SII indicó que existe una fiscalización en curso respecto de la empresa exportadora, que en 2016 alcanzó ventas por US$ 44,5 millones (siendo la 12ª más importante del país), con un crecimiento de 41% frente a 2015. Cabe destacar que Volterra S.A. obtuvo el certificado del SII que otorga “la calidad de Agente Retenedor del Impuesto al Valor Agregado por las compras de madera que efectúe”, es decir, es esta la que paga el IVA de las operaciones, no los proveedores, como es la norma usual. Este punto no es menor, ya que según Vargas, “efectivamente, si es el sujeto comprador el que realiza el fraude, sería más fácil aumentar su crédito fiscal IVA. En este caso emitiría facturas de terceros, que podrían provenir de operaciones inexistentes”.

(Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/sii-apunta-millonario-fraude-tributario-compraventa-madera-biobio/  y selección de Driver)

Autor: Leslie Ayala y Francisco Siredey / Fotografia: AgenciaUno

En sus declaraciones ante la fiscalía, el general (R) y ex jefe de la Dirección de Finanzas pasó de la negación a la confesión. Reportajes tuvo acceso exclusivo a los testimonios entregados por uno de los líderes de la trama defraudatoria en Carabineros, que abrieron la arista de los sobresueldos y pusieron en tela de juicio al alto mando de la institución.

Los testimonios de Echeverría: “Pagaron mi silencio”

El 20 de enero de 2017, el general Flavio Echeverría se sentó delante del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dispuesto a mentir. Estaba allí en calidad de testigo y no tenía que hacer más que explicar cómo funcionaba la repartición que dirigía al interior de Carabineros. “Por mí pasan los consejos financieros relacionados con el presupuesto institucional”, se lee en la primera de sus tres declaraciones, a las cuales tuvo acceso Reportajes. Luego dijo que dentro de la Dirección de Finanzas estaba todo reglamentado, que cada acto era revisado por diversas instancias y que la Contraloría incluso había realizado varias observaciones solicitando el reintegro de algunos fondos entre 2015 y 2016.

“Quiero agregar que yo realizo un acto administrativo todos los años a los cuatro departamentos, reviso los recursos humanos, materiales y estado de las instalaciones e inventario”, añadió.

Al fiscal Campos le interesaba comprender cómo dentro de la unidad de Echeverría no se habían descubierto antes los depósitos por un total de $ 300 millones en remuneraciones a la cuenta corriente de un oficial de Punta Arenas, el capitán Felipe Avila, una operación que fue detectada solo por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y luego informada a los bancos involucrados. Echeverría apuntó al mal funcionamiento del software calculador de remuneraciones e insistió en que el problema había sido solucionado por uno de sus subalternos, el coronel Héctor Nail, y que los fondos habían sido devueltos a las arcas de Carabineros.

“Ese procedimiento reglado del reintegro consiste en que se comunica al funcionario que debe reintegrar tanta cantidad de plata, ese proceso se hace en la pagadora. Ahí se hace la comunicación, abajo sale una nota que dice, entre otras cosas, ‘se le comunica que percibió indebidamente una asignación o beneficio y que debe realizar el acto administrativo correspondiente’, por lo tanto, esa persona sabe que debe pagar esa plata. El funcionario podría quedarse callado, pero alguien lo debe llamar”, dijo el general.

En ese primer encuentro con el fiscal, Echeverría omitió que él mismo había recibido millones en asignaciones indebidas durante años. Prefirió callar, pues nadie lo había llamado hasta entonces. Sin embargo, luego de avanzar en su investigación, el fiscal Campos se daría cuenta de sus mentiras, solicitaría su prisión preventiva y finalmente lo forzaría a entregar un segundo testimonio, en el cual Echeverría confesaría su culpabilidad y entregaría información inesperada.

“Pagaron mi silencio”

La segunda vez que se sentó delante del fiscal Campos, el 24 de marzo de 2017, Flavio Echeverría ya no era general de Carabineros, estaba en calidad de imputado y en prisión preventiva. Había sido pasado a retiro por el general director, Bruno Villalobos, y detenido apenas unos días después. “Deseo aclarar algunas cosas y en otras aportar”, comenzó diciendo. “Efectivamente, reconozco que el 20 de enero declaré ante el fiscal, pero omití información que ahora quiero aportar”.

Con esas palabras comienza la confesión de Echeverría -el primero en el grupo de los identificados como líderes de la malversación que comenzó a colaborar con la fiscalía- respecto de las operaciones fraudulentas que él denomina “salidas informales de fondos”. Estas comenzaron en 2008, cuando trabajaba en el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros y fue invitado a participar de este núcleo cerrado de personas por el coronel Arnoldo Riveros. “A partir del año 2008 comencé a recibir ‘recursos’ en mi cuenta corriente del Banco de Chile, la cual tengo hace más de 15 años. Dichos recursos, lamentablemente, no los supe controlar”, declaró Echeverría. “(Riveros) me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que fueron por alrededor de $ 30 millones, los invertí y los gasté. En ese año yo tenía como remuneración líquida alrededor de $ 2.300.000 (…). Yo no le conté a nadie y, como dije, me quedaba con todos los montos que me depositaban”, agregó.

Para el ex oficial de la policía uniformada, los integrantes más antiguos de la denominada “Mafia de la Intendencia” quisieron corromperlo para que este no amenazara el funcionamiento de su esquema defraudatorio. “Con ese depósito, ellos pagaron mi silencio, ya que ellos sabían que el año siguiente yo me iba a Contraloría. Yo cuando controlaba tenía la fama de ser ‘pesado’ y detallista, pero ahora para el proceso informal pasaba a ser ‘un aliado’”, manifestó Echeverría.

Al año siguiente, en 2009, el entonces coronel pasó al Departamento de Contraloría en Carabineros. Dentro de su equipo tenía al mayor Pedro Valenzuela, quien se transformaría en uno de sus más cercanos colaboradores con el paso de los años. Por entonces era el encargado de supervisar a Remuneraciones, aunque históricamente lo había hecho con Tesorería. El fiscal Campos le consultó a Echeverría si Valenzuela tenía algún rol en el ocultamiento del fraude: “En cuanto a un déficit, sinceramente no sé cómo se maquillaba, el presupuesto era flexible, por lo que si faltaba se pedía, este era una bolsa, se reasignaban recursos de otras partes”.

Echeverría reconoció que en 2009 los depósitos totales subieron a $ 60 millones, entregados parceladamente de a $ 20 millones. Con ese dinero fresco realizó dos inversiones inmobiliarias en un edificio de calle Miguel Claro por un total cercano a los $ 100 millones y se compró un Jeep Grand Cherokee que utilizaba hasta antes de ingresar a la cárcel.

“En el año 2010, también recibí depósitos en mi cuenta corriente, también por unas sumas alrededor de $ 60 a $ 70 millones aproximadamente, también en forma parcelada. Aparecían en mi cuenta con una frase cliché de ‘remuneraciones’, ‘pagos varios’ o ‘pagos nómina’. Tampoco devolví a nadie esos depósitos, me los quede en un 100%. Los invertía en fondos mutuos, en BanChile y los demás siempre ahí”, siguió relatando el ex oficial.

Como líder de la unidad contralora de Carabineros, Echeverría asegura haber presenciado otras irregularidades ocurridas ese año, después del terremoto del 27/F. Según su versión, se le pagaron servicios de salud a ex funcionarios de la institución como si todavía estuvieran activos. “Debo agregar que dentro de ese grupo estaban familiares de algunos generales en períodos anteriores, entre otros, la esposa del general (Eduardo) Gordon y la esposa del general (Eduardo) Vera. Acá se hacían pagos sin acto administrativo”, indicó.

Otra situación que le llamaba la atención eran los pagos que recibían algunos abogados que representaban a funcionarios, como Mauricio Unda (representante de varios uniformados acusados de violaciones a los DD.HH.). “A ellos se les pagaba íntegramente y ellos, a su vez, distribuían entre sus representados”, señaló.

Hacia fines de 2010, Echeverría fue trasladado nuevamente, esta vez al Departamento de Tesorería y Remuneraciones, donde asumió como jefe. Al año siguiente volvió a recibir cerca de $ 60 millones en depósitos directos, a los que se sumaron transferencias de varios funcionarios de la Intendencia, como el “mayor Ponce”, el capitán Randy Maldonado, el coronel Renato Sarabia, el coronel Arturo Rojas Henríquez y el comandante Pedro Valenzuela. “En total, por depósitos durante ese año debo haber recibido la suma de $ 220 millones aproximadamente. A fines de ese año, me ascienden a general”, relató el ex oficial.

Tras cuatro años de desfalco a la institución, Echeverría asegura haberse cansado de la trama. A comienzos de 2012 recibió un par de depósitos por $ 6 millones cada uno, que a la postre serían los últimos. Así completaría un total de $ 420 millones en dinero defraudado.

“Durante el año 2011 y 2012, en mi calidad de jefe de Tesorería y Remuneraciones tomé la determinación de cortar con estos procesos anormales, pero nunca denuncié, ya que formaba parte de la misma y dispuse del traslado del personal que trabajaba en ella”.

En esta nueva posición nombró a Pedro Valenzuela como su jefe de gabinete. Según Echeverría, no conversaban del tema de los dineros recibidos y simplemente esperaban que “pasara el tiempo”.

“Lo único que deseábamos era que pasara el tiempo, nada más”, señala.

En los años posteriores, el nuevo general realizó cambios de dotación en varios departamentos de la Dirección de Finanzas. En ese movimiento ascendió el coronel Jaime Paz, quien continuaría con las operaciones fraudulentas a la luz de la investigación del Ministerio Público y pese a las instrucciones que Echeverría asegura haber entregado para cerrar “el sistema de reparto”.

“No sabía de más depósitos indebidos”, señaló el ex general.

“Nunca lo dimensioné”

En las últimas páginas de su segunda declaración, Flavio Echeverría cuenta los pormenores de la caída de la máquina defraudatoria tras el descubrimiento de la UAF de los depósitos al capitán Avila. “En el mes de noviembre, directamente recibo una llamada de Alejandro Cobián, del BancoEstado, el cual me comenta de un depósito por un capitán de Punta Arenas. Yo dispongo que se averigüe de esto, llamo al comandante Nail y luego al coronel Paz, para que le diga a Nail que vea esa situación. Al día siguiente llega Nail y me indica que era error del calculador, el argumento de siempre. Dispongo que se proceda por Avila a la devolución”, reveló el ex oficial.

En los meses que siguieron, Echeverría recibió información del general Gonzalo Blu, jefe de Inteligencia, respecto de dos capitanes más (Estrada y Collao) con operaciones similares a las de Avila por $ 164 y $ 99 millones, respectivamente. Según esta versión, en enero de 2016, Echeverría le entregó a Blu los $ 60 millones en efectivo que le correspondían a su repartición por concepto de gastos reservados, cuando éste le advirtió de movimientos sospechosos en la cuenta corriente del coronel Paz. Este último negó cualquier irregularidad y aseguró haber recibido $ 11 millones por la venta de una moto.

La recuperación de los recursos irregularmente obtenidos por Avila, Estrada y Collao se prolongó hasta noviembre de 2016, bordeando los $ 540 millones. “Estas devoluciones no se efectuaron de acuerdo al acto administrativo (…). Con esto deduje que el proceso anormal seguía funcionando”, confesó Echeverría.

Durante estos meses, el ex jefe de la Dirección de Finanzas asegura no haber conversado el tema con el general director, Bruno Villalobos, pero asume que este sabía lo que estaba ocurriendo. Esta versión ha sido rechazada innumerables veces por la máxima autoridad de la institución, quien incluso fue acusado por el teniente coronel (R) Patricio Morales de conocer el desfalco desde que trabajaba como jefe de la Dipolcar.

Yo creo que el general Blu y el general (Julio) Pineda -Dirección de Personal- también sabían de otros nombres, por eso no hablé con el general director. La información le llegaba más rápido por Dipolcar (Inteligencia)”, añadió Echeverría.

Al final de su segundo testimonio, el fiscal Campos le preguntó al imputado si había dimensionado la magnitud del fraude, que se estima alcanza los $ 20 mil millones. Su respuesta fue ingenua:

“Nunca lo dimensioné, nunca”.

“Los gastos reservados tienen un destino diverso al de la ley”

Cuando el fiscal Campos ya no tenía más preguntas para Echeverría, este comenzó a entregar nuevos antecedentes sobre el uso de gastos reservados en Carabineros. Como jefe de Finanzas, a Echeverría le correspondía el reparto de fondos en moneda nacional y en divisas. El monto distribuido en pesos chilenos alcanzaba los $ 600 millones: la mitad del dinero se entrega a la Dirección General de Inteligencia (Dipolcar), el 40% a los generales de la institución y el 10% se destina a “gastos varios”. En tanto, el dinero extranjero corresponde a US$ 90 mil anuales, sin distribución fija, destinado a pagar gastos de viajes al exterior.

Según Echeverría, el problema principal está en el rubro “varios”, que se entrega en moneda nacional: “Se ocupan para comprar regalos de cumpleaños para los señores generales y sus cónyuges, como también para Navidad y, además, para los generales que se van a retiro. Se compran relojes para el matrimonio, por lo tanto, el aporte que yo recibo de los $ 450 mil está dentro de los $ 240 millones que se distribuyen para los señores generales. Lo que quiero decir, que se da un destino diverso al de la ley. La realidad es que los $ 600 millones por concepto de gastos reservados tienen un objeto legal distinto al comentario que le señalé en la pregunta anterior. Por cuanto dicho monto, en total, debería ser gestionado a la labor de Inteligencia a nivel nacional”.

Estas revelaciones abrieron una nueva arista en el caso, que ahora es investigada por la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte. Esta semana, Echeverría y el ex coronel Jaime Paz declararon en calidad de imputados, confirmaron la información entregada al equipo del fiscal Campos y aportaron mayores antecedentes sobre los desvíos de estos recursos. A diferencia de los primeros interrogatorios por el delito de malversación, ambos ex oficiales mencionaron que el actual general director, Bruno Villalobos, tenía conocimiento de lo que el alto mando hacía con los gastos reservados.

“Heredé la distribución de gastos reservados del general Whipple”

Para acompañar su tercera declaración frente al fiscal Campos, el 24 de abril de 2017, Echeverría llevó varias planillas con los montos repartidos entre el cuerpo de generales por concepto de gastos reservados. Su objetivo era ahondar en este tema y aportar nuevos antecedentes respecto de otras conductas irregulares que vio durante su paso por la policía uniformada, aunque respecto de muchas de ellas el testimonio se vuelve más vago, ya que reconoce haberse enterado solo de oídas.

En las planillas aportadas figuran los nombres de los últimos cuatro generales directores de Carabineros: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure, Eduardo Gordon y el fallecido Alejandro Bernales. También aparece la ex subsecretaria Javiera Blanco y el general Iván Whipple, antecesor de Echeverría en la Dirección de Finanzas. “Cuando asumí el cargo heredé las directrices de continuar con la distribución de gastos reservados de parte del general Whipple, él me pasó la lista”, declaró Echeverría.

Otro de los nombres en los que se detiene el ex general es el de Hugo Zúñiga, ex funcionario de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda en gobiernos de la Concertación, quien habría usado su influencia para abultar los presupuestos de Carabineros a cambio de pagos de honorarios con fondos de gastos reservados. “El coronel Fernando Pérez Barría me presentó en su oficina a Hugo Zúñiga, en esa oportunidad me quedé conversando con él y se acordó que yo mensualmente continuaría realizándole la entrega de su pago en un sobre con la suma de $ 500 mil aproximadamente, por concepto de sus servicios de asesorías”, señaló el general (R).

El testimonio continúa con el relato de cómo se mejoraba el saldo inicial de caja cada año frente a Dipres. “Zúñiga recibía los antecedentes y nos sindicaba cómo teníamos que defenderlo y plantearlo”, indicó Echeverría, quien agrega que Zúñiga también “conocía perfectamente a las otras instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden”.

“El matrimonio del hijo del general Cienfuegos lo pagó Carabineros”

Esta semana, la fiscalía pidió al 7° Juzgado de Garantía de Santiago alzar el secreto bancario a una veintena de ex oficiales. Se trata de la arremetida contra el grupo anterior a los actuales oficiales presos de Intendencia. La diligencia busca poder congelar sus bienes, además de realizar un análisis patrimonial de quienes -según varias declaraciones con las que cuenta el fiscal Campos- también habrían participado de las irregularidades indagadas.

En ese grupo destaca el general (R) Julio Pizarro Konga, ex jefe de Finanzas. Según la tercera declaración de Echeverría, “ese grupo era muy cerrado”, y ya en 2002 se comentaba en la Dirección de Finanzas que sus patrimonios personales aumentaron considerablemente en los tiempos del mando del general Julio Pizarro”.

Haciendo alusión a lo que también se comentaba, el imputado habla sobre el ex general director de Carabineros Alberto Cienfuegos y supuestas anomalías relacionadas a su persona. Echeverría declaró que un tratamiento médico de la esposa de la máxima autoridad de Carabineros de esa época habría sido cancelado con recursos fiscales a través de un traspaso desde el Departamento I Presupuestos y Finanzas al Hospital de Carabineros. “Además, se comentaba que el matrimonio del hijo del general director Alberto Cienfuegos habría sido pagado con recursos del Departamento Relaciones Públicas de Carabineros, con apoyo del Departamento I de Finanzas”, y sostiene que incluso “el personal de garzones que atendieron el evento fueron carabineros alumnos que dependían del grupo de formación de Carabineros”, sostuvo.

Todo esto, según el general (R), eran comentarios de la época, por lo que en este caso no entrega antecedentes por escrito, sino más bien sostiene que el personal de Bienestar y Finanzas de esa época puede reportar mayores antecedentes. Misma situación habría sido respecto de la construcción de una casa en una parcela comprada por Cienfuegos que -denuncia Echeverría- habría sido financiada con recursos públicos y con piedras sacadas de la cantera del Fundo Guayacán, administrado por la institución castrense.

 (Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/los-testimonios-echeverria-pagaron-silencio/  y selección de Driver)

 

 

Autor: V. Rivera, J. Matus y D. Aguayo

Treinta y dos de 33 ex agentes recibieron penas de cárcel por muerte de frentistas en 1987. Cerca de 20 internos se irían a ese recinto a raíz de que en Punta Peuco no alcanzan los cupos.

Suprema dicta mayor condena por DD.HH. y nuevos reclusos serían enviados a Colina 1

La Corte Suprema emitió la mayor condena registrada por violaciones a los derechos humanos. El tribunal sentenció ayer a 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los secuestros calificados de los cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.

Estos delitos ocurrieron en septiembre de 1987, siendo una de las últimas desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen militar. El secuestro, que terminó con los frentistas lanzados al mar, ( Según trascendió, el magistrado decidió acotar algunos aspectos relacionados con el caso de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos por la ex Central Nacional de Informaciones (CNI) entre el 7 y 10 de septiembre de 1987, y sometidos a intensas torturas por cerca de un mes, para luego ser lanzados al mar.)       fue una acción de represalia de la CNI y organismos del Ejército, luego del secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido ese año, quien estuvo 90 días cautivo a manos de miembros del FPMR. El oficial fue liberado en Brasil (ver secundaria).  (Leer información sobre el secuestro de Carreño en el Link  siguiente  https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Pr%C3%ADncipe )

Entre las personas condenadas está quien fuera el jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, quien sumó 15 años más de presidio, al igual que Hugo Salas Wenzel, mientras que las penas para otros sentenciados fluctúan entre los 10 y cinco años. Además, por primera vez hay una mujer, Ema Ceballos Núñez, que recibió una pena efectiva (10 años) por este tipo de ilícitos (ver recuadro). Uno de ellos fue absuelto y otro recibió la libertad vigilada. Este fallo confirmó las penas de la Corte de Apelaciones de Santiago.

De estos, 26 deberán hacer ingreso por primera vez a la cárcel, y no necesariamente Punta Peuco. ¿Por qué? El recinto de Tiltil sólo tiene capacidad para albergar a seis personas más, es por ello que el resto, es decir cerca de 20, deberían cumplir su condena en módulos que han sido habilitados en Colina 1.

La decisión de enviar a los sentenciados a ese penal es facultad del ministro en visita del caso, Mario Carroza, la que será tomada luego de que Gendarmería le envíe la propuesta de los recintos con cupos. Extraoficialmente, según fuentes del proceso, la institución informó que Colina 1 podría recibirlos. En el caso de la mujer condenada, aún no se determina dónde quedará recluida.

Desde el servicio, en tanto, señalaron que “la sentencia aún no se ejecuta. No podemos anunciar destinaciones de condenados mientras no sean puestos a disposición de Gendarmería. Hay recursos pendientes y debemos esperar el fallo definitivo, porque somos respetuosos de las resoluciones de los tribunales de justicia”.

Para el abogado Raúl Meza, quien representa a gran parte de los condenados, “existe una alta posibilidad de que algunos se vayan a Colina 1. Los internos de Punta Peuco y sus familiares están inquietos y preocupados por la decisión que puedan tomar Gendarmería y el Ministerio de Justicia, considerando que el penal Punta Peuco llegó a su máxima capacidad”. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, dijo que “hacía tiempo que no se condenaba a una cantidad tan grande, porque son más de 30. En Colina 1 llevan bastante tiempo trabajando en el penal para los victimarios y ahí tendrán que asumir”.

En esa misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que “gracias a los tribunales de justicia hoy podemos conocer una parte de la dolorosa verdad que afectó a muchos chilenos y chilenas durante la dictadura”.

En tanto, para el abogado en casos de derechos humanos Luciano Fouillioux, la resolución “es muy relevante, porque se logró determinar no sólo una asociación ilícita, sino una participación múltiple , casi surrealista, para aprehender y exterminar a cinco personas indefensas”. En cuanto a que algunos de los condenados cumplan su pena en Colina 1, manifestó que “el Estado va a tener que hacer mayor hotelería para personas que vayan siendo sentenciadas en estos casos, o derechamente enviarlos al cumplimiento rutinario, como todos los reos del país”.

(Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/suprema-dicta-mayor-condena-dd-hh-nuevos-reclusos-serian-enviados-colina-1/  y selección de Driver)

Autor: Angélica Baeza Palavecino

La gravedad del delito, cercanía con la prescripción y la situación socioeconómica influyen en los montos establecidos por los jueces.

¿Cómo se fijan las fianzas en Chile?: los detalles de este beneficio del sistema judicial antiguo

Durante esta semana el monto de la fianza establecido para la libertad de Cristián Labbé fue motivo de discusión. La jueza había dado en un primer momento el monto de $200 mil, mientras que la defensa solicitaba $50 mil, y finalmente tras el reclamo de la parte querellante, el tribunal determinó la suma de $500 mil.

¿Pero cómo se determina el monto?  No hay una cláusula concreta que las regule, ya que esto queda a criterio del juez y la Corte, pero sí hay ítems que influyen en la cifra.

El abogado Roberto Celedón explicó a La Tercera que el sistema de fianzas en la justicia actual no opera, sino que se arrastra del antiguo como “una norma general”.

“Los criterios están regulados en las normas del procedimiento antiguo, es decir, con la penalidad del delito y luego se analiza la situación particular del proceso, por ejemplo, si tiene buena conducta anterior y si ha reparado el mal causado”, explica Celedón.

Los abogados eran y son aún los encargados de depositar el monto para la libertad de su representado. El dinero era depositado en cuentas corrientes que mantenía el tribunal en el sistema antiguo de justicia.

SE DEVUELVE
Cuando el acusado es absuelto o condenado, el Tribunal le devuelve el monto pagado por la fianza.

“Esta fianza se le devuelve al acusado, el objeto es asegurar la comparecencia del acusado a los fines del procedimiento, estos fines son que pueda ser juzgado, ya que se requiere que esté presente y que cumpla lo que la sentencia ordena”, explicó el abogado.

En tanto, existen casos que si la persona es condenada civilmente, a pagar una indemnización, las víctimas podrían pedir la retención de la fianza.

(Fuente:http://www.latercera.com/noticia/como-se-fijan-las-fianzas-en-chile-los-detalles-de-este-beneficio-del-sistema-judicial-antiguo/  y selección de Driver)

 

Con sólo 21 años el chileno Harold Vilches armó, sin ayuda, una red de exportación de oro ilegal. A cambio de no volver a la prisión colaboró en una investigación que involucra empresas fantasmas, ejecutivos de Miami y Dubai y traficantes de Perú y África
Los lingotes incautados al joven chileno que montó una operación de contrabando de oro de tal magnitud que la investigan el FBI, y las autoridades de su país, Perú y Ecuador. (Aduana de Chile)
Los lingotes incautados al joven chileno que montó una operación de contrabando de oro de tal magnitud que la investigan el FBI, y las autoridades de su país, Perú y Ecuador. (Aduana de Chile)

Harold Vilches, un estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor de Santiago, Chile, escribió en la búsqueda de Google:

“Distribuidores de oro en Perú”.

Entre las primeras entradas leyó el nombre de Rodolfo Soria Cipriano. Lo estudió: el diario El Comercio, de Lima, lo describía como “uno de los exportadores más prolíficos del país”. Le escribió.

Soria le respondió al muchacho de 21 años con rapidez y pocas palabras: él podría brindarle todo el oro que quisiera siempre que tuviera el dinero para pagarle. Al llegar a un acuerdo, Vilches tuvo la precaución de no preguntarle a Soria de dónde salía el mineral. Le bastó con saber que recibiría el oro en Santiago sin pagar impuestos de ingreso.

Así comenzó el mayor contrabando de oro de Chile: un cartel del joven-orquestra —ni las autoridades locales ni la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos encontraron un pescado gordo por encima de él— que llegó a exportar más de 50 millones de dólares en 4.000 libras (1.814 kilos) de oro sacado de la minería ilegal de América del Sur. Antes de su arresto en agosto de 2016 Vilches concentró más de la mitad de la comercialización anual del oro desde Chile desde 2012. En la trama se mezclan una empresa de Dubai que reclama USD 5 millones y otra de Miami investigada por lavado de dinero.

Durante los últimos 15 años la demanda global de oro aumentó de 1.000 toneladas anuales a 4.300. La minería legal no pudo cubrir ese incremento, y las mafias comenzaron a explotar el negocio desde el Amazonas hasta África. En esos huecos tóxicos donde se usa mercurio para extraer el metal, toda la degradación del medioambiente y los seres humanos es posible, según las Naciones Unidas: trabajo infantil, prostitución asociada.

Con sólo 21 años Harold Vilches, un estudiante universitario de Santiago, comenzó un negocio ilegal que el Departamento de Justicia y el FBI investigan hoy.

Con sólo 21 años Harold Vilches, un estudiante universitario de Santiago, comenzó un negocio ilegal que el Departamento de Justicia y el FBI investigan hoy.

Vilches había heredado la responsabilidad del negocio familiar de joyería de su padre, Mario, quien había sufrido un accidente cerebrovascular. Había empezado a colaborar con él a los 15 años y lo había visto trabajar demasiado. “Si él iba a hacer eso, decidió, quería hacer más que comprar y vender dijes“, publicó Bloomberg Businessweek en una narración extensa del caso. “Pensaba hacer dinero de verdad, y eso implicaba entrar al negocio mayorista del oro”.

A modo de prueba se convirtió en proveedor del exportador Gonzalo Farías: en septiembre de 2013 le entregó 6,6 libras (tres kilos) de oro que había comprado legalmente en Chile. En sucesivas entregas averiguó que Farías exportaba a la empresa Fujairah Gold, de Dubai, y los contactó directamente. En junio de 2014 firmó un contrato para entregarles 6.000 libras (2.721 kilos, casi tres toneladas) a lo largo de 12 meses.

“El contrato comenzó con 90 libras el primer mes, luego la cantidad aumentaba”, escribieron los autores de la nota, Michael Smith y Jonathan Franklin. “Como no tenía dinero para comprar tanto oro, la empresa le dio acceso a una reserva de USD 5,2 millones“. Con un valor total de más de USD 100 millones, Vilches esperaba una ganancia de entre USD 2 y USD 6 millones.

No había suficientes monedas de oro ni joyas en todo Chile para cumplir con los encargos de Fujairah. “Así que Vilches decidió convertirse en contrabandista”, sintetizó Bloomberg. El peruano Soria le conseguía oro de alta pureza de la región de Madre de Dios. Además de Dubai comenzó a venderle a una empresa estadounidense, NRT Metals de Miami, una filial de la empresa de Dallas, Texas, Elemetal LLC, especializada en oro certificado.

La demanda global de oro aumentó en los últimos 15 años de 1.000 a 4.300 toneladas. Como la minería legal no puede satisfacerla, se abrió un gigantesco negocio criminal. (iStock)

La demanda global de oro aumentó en los últimos 15 años de 1.000 a 4.300 toneladas. Como la minería legal no puede satisfacerla, se abrió un gigantesco negocio criminal. (iStock)

El 28 de abril de 2015 Vilches fue demorado en el aeropuerto de Santiago de Chile porque las autoridades de aduana no le creyeron que las 44 libras de oro que llevaba a Miami para NRT Metals provinieran de monedas fundidas, como declaró. Los lingotes —que él mismo había aprendido a hacer, junto a su suegro, por medio de videos de YouTube— valían unos USD 800.000 y los documentos no lucían bien.

“Vilches había llegado al aeropuerto con seis horas de anticipación porque pensaba que podría haber problemas; había escuchado que la aduana había confiscado envíos de contrabandistas competidores”, reconstruyeron los autores del texto. “Pero Vilches había hecho esta carrera, o enviado gente a hacerla, más de una docena de veces, y había preparado su documentación falsa de exportación con cuidado extra”.

El oro nunca llegó a Miami, donde lo esperaban dos guardas con un camión blindado para llevarlo a NTR Metals, la empresa que —investiga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos— “compró al menos USD 3.000 millones de oro sudamericano en los últimos cuatro años, mucho del cual provenía de operaciones mineras ilegales”. El envío fue confiscado. Vilches volvió a su casa. Y la Policía de Investigaciones lo monitoreó durante los 15 meses siguientes, hasta su detención la noche del 12 de agosto de 2016 en su apartamento del barrio Las Condes.

Intervinieron sus teléfonos, siguieron a sus mensajeros. “Observaron a los contrabandistas que traían el oro desde Perú, a lo largo de trechos remotos del desierto y por los valles de los Andes, o desde Argentina, manejando sobre las montañas nevadas a la sombra del Aconcagua”. Todos los caminos terminaban en el cuartel central de Vilches, que evaluaba el oro, lo pesaba y lo pagaba. Luego lo fundía y convertía en lingotes: así quedaba listo para que él o un courier lo llevaran a Miami. Los investigadores probaron movimientos por USD 80 millones, realizados mediante ocho empresas fantasmas en Chile y los Estados Unidos, a nombre de Vilches, su esposa, su suegro y un socio.

Harold Vilches llegó a exportar más de USD 50 millones en 4.000 libras (casi dos toneladas) de oro salido de la minería ilegal de América del Sur.

Harold Vilches llegó a exportar más de USD 50 millones en 4.000 libras (casi dos toneladas) de oro salido de la minería ilegal de América del Sur.

Para entonces Vilches había roto el contrato con Fujairah, que lo había demandado por el dinero que le había dado para operar y por una serie de excusas que le había dado antes de la cancelación. Soria lo había presentado a NTR Metals y el comité de conformidad de la firma lo había aprobado en tres semanas. “La información que NTR Miami recibió es que Vilches provenía de una familia de joyeros establecidos”, dijo un vocero de la empresa. También el tío de Vilches, Enrique, un pastor evangelista, tenía la cadena de Joyas Barón.

“Vilches les dijo a los fiscales que viajó a la Florida y se encontró con dos ejecutivos de NTR: Renato Rodríguez, director de ventas para América Latina, y Samer Barrage, quien supervisa las operaciones en Miami”, publicó Bloomberg. “Se reunieron en un restaurante de Coral Gables. ‘Ellos sabían que algo pasaba con mi oro, porque era tan puro… Pocos meses después les dije expresamente que era oro de contrabando’ dijo Vilches. También les dijo a los fiscales que Rodríguez y Barrage lo entrenaron para falsificar los documentos aduaneros”. Los ejecutivos negaron las acusaciones.

Las autoridades de Aduana no le creyeron que las 44 libras de oro que llevaba a Miami para NRT Metals provinieran de monedas fundidas.

Vilches también declaró que a comienzos de 2015 Rodríguez y Barrage lo citaron en Miami para proponerle que encontrase un proveedor de oro en África que les permitiera contrabandear 1.000 kilos (2.200 libras) por mes. Le dijo al FBI: “Por políticas de conformidad, no podían recibir oro africano. Así que me propusieron que lo exportara de África a Chile y desde ahí lo enviara a NTR Metals”. El joven pasó un mes en Tanzania, donde negoció con traficantes de Sudáfrica y Camerún, pero encontró un estafador más afilado que él —perdió USD 300.000— y lo persiguieron e interrogaron. Rodríguez y Barrage negaron también esos cargos.

A cambio de su testimonio, Vilches salió de la prisión —había ingresado por “lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando, comercio clandestino y facilitación de documentación falsa”, entre otros delitos— y no regresará. Vive con detención domiciliaria nocturna en un apartamento modesto, luego de haber tenido un bunker con medidas de seguridad que envidiaría un banco. “Hoy Vilches y NTR Metals están en el centro de una investigación penal de gran alcance que llevan adelante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal Nacional en lo Económico de Chile y las autoridades de Perú y Ecuador“, detalló Bloomberg.

A partir de este caso, Santiago fortaleció la normativa de exportaciones. Sin embargo, todas las agencias de investigación que participan creen que Vilches dista de ser original y que puede haber miles como él en América Latina.

(Fuente: http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/03/11/ascenso-y-caida-del-mayor-contrabandista-de-oro-de-america-del-sur/  y selección de3 Driver)
 
Autor: V. Rivera, F. Duarte y C. Lira

Medida podría aplicarse durante los próximos días, una vez que avance la investigación interna. Policías involucrados en el desvío de fondos se habrían quedado con un 10% de dineros depositados.

Carabineros desvinculará a cerca de 10 funcionarios más por millonario fraude

“Los que son culpables no tienen que presentar su renuncia, porque estando en retiro o en servicio activo se irán a la cárcel igual. La decisión que la tomen ellos, pero se irán donde tienen que estar”. Con estas palabras, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, advirtió la gravedad de las sanciones que podrían aplicarse a los funcionarios que sean vinculados en el caso de fraude y malversación de fondos públicos, al interior de la institución, el que llegaría a $ 8 mil millones.

Hasta ayer eran 10 los efectivos policiales pasados a retiro (el miércoles presentó la renuncia un capitán), luego que el lunes la máxima autoridad de la institución anunciara los alcances de la investigación, donde nueve oficiales -entre ellos un general- fueron removidos de la entidad de orden. Según antecedentes del caso, entre 2010 y 2015, un grupo de carabineros traspasó dineros desde una cuenta de la institución a líneas bancarias de terceros.

Los dineros habrían sido transferidos a las cuentas personales de distintos carabineros, quienes devolvían una parte, repartían otra y se quedaban para ellos con cerca de un 10%. Algunas veces el porcentaje podría ser variable, según aseguraron fuentes de la causa.

Por estar vinculados a estas prácticas ilícitas, Carabineros se encuentra investigando internamente a más funcionarios, supuestamente involucrados en el fraude. Fuentes del proceso señalaron que durante los próximos días la cifra de oficiales desvinculados aumentará en 10 casos más.

Según aseguraron cercanos a la indagatoria, el fiscal administrativo está recopilando las auditorías que se están realizando en distintos departamentos de la institución, como también escuchando las declaraciones de testigos y supuestos involucrados. Sin embargo, también trascendió que hay algunos casos donde algunas personas devolvieron de manera íntegra el dinero “extra” que se les depositó.

Avances en el caso

Ayer, el general director de la entidad policial, Bruno Villalobos, visitó a un teniente herido el miércoles en una balacera en la comuna de Lo Prado, donde se refirió al aumento de oficiales de desvinculados. “Los carabineros que están involucrados, hasta este minuto, son los que fueron llamados a retiro, dados de baja, separados del servicio, como ustedes quieran llamar (…). Hay oficiales que fueron expulsados de la institución, hay otros que por responsabilidad de mando se fueron a retiro, pero esto va en movimiento y debiera, a medida que van avanzando los días, ver la responsabilidad de cada uno”, dijo el general.

El máximo representante de la institución también sostuvo que “aquí no se va a esconder nada, se va comunicar todo lo que se tenga que comunicar de lo que haya realmente y no inventemos cosas de las que no tenemos conocimiento. Efectivamente, el fiscal está tomando declaraciones en dependencias de Carabineros, pero vuelvo a repetir de la investigación judicial la desconozco y no quiero saber de ella tampoco”.
Ayer, en tanto, Villalobos lideró un consultivo de generales de Carabineros, pactado a fines del año pasado, donde el tema del fraude fue analizado.

En cuanto a la investigación de la fiscalía, a cargo del persecutor regional de Magallanes Eugenio Campos, este entregará hoy los antecedentes del caso al CDE. Ayer, tras una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que “se trata de una investigación sumamente compleja. Se ha creado un equipo íntegro que está ayudando cabalmente en la investigación”.

En la causa ya se han ido sumando algunos abogados defensores para representar a los imputados. Es el caso de los ex fiscales Alejandro Peña y Vinko Fodich, quienes tomaron el patrocinio del teniente coronel (R) Mauricio Saldaña.

Fodich sostuvo que “lo que nosotros buscamos es que la responsabilidad de Saldaña se enmarque en lo que realmente realizó. Es decir, actuó como un receptor de dineros que después devolvió a los autores materiales, ejecutores de este sistema de fraude”.

Además, el abogado manifestó que “no estoy diciendo que lo que hizo esté bien, pero no es lo mismo la persona que roba con violencia que compra un objeto robado, ya que la gravedad es muy distinta”. Carabineros, en tanto, también alista eventuales acciones legales. Al interior de la institución, en la dirección de justicia del organismo, se está estudiando la posibilidad de querellarse contra los funcionarios removidos por su vinculación en el millonario fraude.

 
 (Fuente:  http://www.latercera.com/noticia/carabineros-desvinculara-cerca-10-funcionarios-mas-millonario-fraude/  y selección de Driver)